El denominado caso Camaleón, uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años, entrará formalmente en la etapa de juicio de fondo el próximo 11 de agosto, cuando el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conozca las acusaciones presentadas por el Ministerio Público contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y los demás implicados.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la magistrada Arlín Ventura, luego de que la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional asignara el expediente mediante sorteo aleatorio computarizado. Con esta decisión, el proceso entra en una fase determinante, en la que el Ministerio Público deberá presentar todas las pruebas recopiladas durante la investigación para intentar demostrar la existencia de una estructura que habría operado en torno a la adjudicación de un millonario contrato para la modernización y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
¿Qué es el caso Camaleón?
El expediente gira alrededor de un contrato adjudicado para la implementación de un moderno sistema de gestión de tránsito y control semafórico en el Gran Santo Domingo.
Según la acusación, durante la gestión de Hugo Beras al frente del Intrant se habrían cometido irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto, provocando un perjuicio económico al Estado dominicano.
La investigación del Ministerio Público sostiene que detrás de la contratación se articuló una presunta red integrada por funcionarios públicos, empresarios y compañías privadas que habrían participado en maniobras destinadas a obtener beneficios económicos mediante procesos irregulares.
El órgano acusador afirma que varias empresas fueron utilizadas para canalizar recursos y ejecutar operaciones financieras que posteriormente son investigadas como parte de un supuesto esquema de corrupción administrativa.
¿Qué delitos se imputan?
Originalmente, el Ministerio Público presentó una acusación que incluía cargos por terrorismo, sabotaje tecnológico, contrabando, estafa contra el Estado, lavado de activos, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.
Sin embargo, durante la audiencia preliminar, la jueza Yanibet Rivas realizó ajustes jurídicos a la calificación legal de los hechos al momento de emitir el auto de apertura a juicio.
Tras esa revisión, quedaron vigentes las acusaciones por:
Asociación de malhechores.
Estafa contra el Estado.
Desfalco.
Lavado de activos.
Mientras que las imputaciones relacionadas con terrorismo y contrabando fueron excluidas del expediente que llegará a juicio.
¿Quiénes son los principales acusados?
El proceso tiene como principales figuras al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario tecnológico José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
No obstante, el expediente incluye a varios exfuncionarios, empresarios y compañías vinculadas al proyecto.
Entre ellos figuran:
Hugo Beras.
José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
Frank Rafael Atilano Díaz Warden.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
Pedro Vinicio Padovani Báez.
Mariano Gustini Ponce.
Manuel Eduardo Mora Vázquez.
Carlos José Peguero Vargas.
Henry Darío Féliz Casso.
Además, fueron enviadas a juicio varias empresas, entre ellas Aurix S.A.S., OML Inversiones S.R.L., Transcore Latam S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Inprosol S.R.L. y Dekolor S.R.L.
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