Tomando en cuenta el Presupuesto General del Estado 2025 y de acuerdo a la Dirección General de Presupuesto (Digepres), dentro de las entidades gubernamentales con mayores recursos financieros está: El Ministerio de Educación (Minerd), Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
De su lado, dentro de las instituciones con menos recursos están Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, Procuraduría General de la República, Ministerio de Turismo, Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Energía y Minas.
En ese mismo orden le sigue el Ministerio de Deportes y Recreación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Senado de la República, el Ministerio de Administración Pública, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el Ministerio de la Mujer, la Oficina Nacional de Defensa Pública y el Ministerio de la Juventud.
Aspectos generales del Presupuesto General del Estado 2025
Tras ser declarado de urgencia, el Presupuesto General del Estado 2025 fue aprobado en el pasado mes de diciembre por el Senado de la República en dos lecturas consecutivas, cuyo monto asciende a un billón 681,728, millones de pesos.
Es preciso aclarar que la pieza había sido estudiada por una comisión bicameral en la Cámara de Diputados y se aprobó íntegramente sin realizarle algún cambio con el voto de 23 a favor y 2 en contra, mientras que en la segunda discusión un total de 26 legisladores pulso el botón de si y solo 1 pulso que no.
El senador Edward Alexis Espíritusanto fue el único representante de la oposición quien aprovecho para criticar que el gobierno debe utilizar el presupuesto general del 2025, no solo para definir las prioridades económicas de este gobierno, sino para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como lo establece la Constitución.
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