04 agosto 2021

Dominicana demanda Gobierno de EEUU por abusos en aeropuerto de Boston

 




  • Dice fue retenida y requisada de forma abusiva por los oficiales durante tres viajes distintos junto a su hija
  • La defensa alega que los oficiales no siguieron la guía interna y las instrucciones de su propia agencia sobre registros e incautaciones

La dominicana Neisa Ortega interpuso una demanda, en la Corte Federal del Distrito de Boston, contra el Gobierno de los Estados Unidos por abusos y registros lascivos de oficiales de la Policía de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) en el aeropuerto internacional Logan de Boston, en cuatro ocasiones que regresaba desde la República Dominicana a esa terminal.

En la demanda fichada con el número 1:21-cv-11250, y sometida este lunes por sus abogados, Ortega denuncia que estaba acompañada de su hija de 12 años de edad y a la que solo identifica como NZ, cuando fue maltratara, vapuleada, discriminada y registrada con la lascivia al punto de que los oficiales no identificados y de ambos sexos, le metieron las manos en su vagina y ano, causándole daños físicos y psicológicos que la mantienen con un trauma inquietante.

La dominicana es representada por los abogados, Reena Parikh, Elizabeth Gooen, Rebecca Langsam, Arielle Sharma, Erin Fowler y Oren Sellstrom. La demanda también es apoyada por la Organización de Abogados de Derechos Civiles, dirigida por el activista Iván Espinoza.

La demandante explica en el documento que fue obligada las tres veces a someterse a los chequeos abusivos sin que los federales encontraran nada comprometedor en su cuerpo ni equipaje y tampoco en las maletas de su hija.  Explicó que su hija no fue molestada, pero ambas fueron separadas por horas como una forma de aumentarle el castigo mental y la perturbación.

Ella es residente permanente en los Estados unidos y su hija es ciudadana estadounidense nacida en Boston (Massachusetts).

La demanda expone que los agentes individuales de la CBP que registraron y apresaron a Ortega no tenían base legal para su comportamiento. Además, que en las búsquedas de los agentes federales en de abril de 2019 a Ortega no hallaron evidencias de drogas y otros contrabandos y solo reforzaron que no tenían sospechas razonables de ninguna de las búsquedas posteriores.

Los defensores de la dominicana sostienen que los oficiales de CBP que la detuvieron y registraron no siguieron la guía interna y las instrucciones de su propia agencia sobre registros e incautaciones.

“En particular, los oficiales de CBP tienen prohibido realizar registros de cavidades corporales, incluidos a las cavidades vaginales. Los registros de la cavidad vaginal solo pueden ser realizados por médicos en un centro de salud y en las circunstancias más excepcionales”, explican los demandantes.

Ortega y su hija dijeron a través de sus abogados que temen que cada vez que viajen, los oficiales de CBP las forzarán a entrar en una habitación pequeña y abusarán de ellas, quienes dependen de escasa o nula información para justificar el comportamiento ilegal de los agentes federales.

La demanda busca, además, el fin de la práctica y que se reparen los daños en la corte.

Ortega, afirma que sufrió abuso sexual por parte de agentes que durante las inspecciones corporales invasivas a que la sometieron la separaron de su hija adolescente.

La demanda añade que a partir abril de 2019 los agentes de CBP han agredido y degradado a Ortega repetidas veces, penetrando físicamente su vagina con los dedos en tres ocasiones diferentes en el Aeropuerto Logan de Boston cuando la mujer regresaba de visitas familiares en la República Dominicana.

“Estas detenciones e inspecciones corporales invasivas ocurrieron a pesar de que nada sospechoso, y mucho menos criminal, se encontró en su persona o su equipaje”, dijeron los representantes legales de Ortega y su hija.

Ortega, su hija y sus abogados, dicen que el objetivo de la demanda es llevar esa acción para responsabilizar a CBP y sus oficiales por sus horribles y acciones ilícitas, y para que dejen de vivir con miedo.

Solicitan una indemnización por actos delictivos del Gobierno federal en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Daños, 28 U.S.C. § 1346; daños por violaciones de los oficiales de CBP a la señora Ortega y la Cuarta y Quinta Enmienda que ampara a su hija como ciudadana estadounidense.

También por violación de sus derechos y exigen medidas cautelares y declarativas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los oficiales de CBP, agencia que depende de la primera.

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