El dominicano Rafael Antonio Lizardo Reyes lleva 9 años preso acusado de homicidio en Guayaquil, Ecuador. Su situación ha empeorado con la crisis de seguridad que envuelve esa nación, asegura su familia.
Rafael es oriundo del municipio Tamayo, provincia Bahoruco. Hace más de 14 años viajó a España y allí conoció a su pareja ecuatoriana, quien lo llevó a vivir a ese país.
"Luego de cinco años residiendo en Ecuador, Rafael, quien tenía un rent car en esa nación, alquiló un vehículo a unas personas y esas personas le devolvieron el automóvil con un cadáver dentro", cuenta su hermana, Wendy Martínez. Rafael también trabajó en negocios de restaurantes en Ecuador. Aseguran que Rafael fue procesado y declarado culpable por la justicia de ese país. Su familia en República Dominicana sostiene que es inocente y que está pagando por un crimen que no cometió, de acuerdo con la versión dada por Rafael desde la cárcel.
Su hermana, Wendy Martínez, ha recibido en los últimos días decenas de audios de WhatsApp de Rafael en los que cuenta desesperado la calamidad que envuelve su vida, en un país donde la mayoría de presidiarios extranjeros están siendo deportados en masa por el nuevo gobierno que preside el joven Daniel Noboa. La violencia de las bandas del narco, asociadas con carteles de Colombia y México, han provocado que el gobierno responda con una ofensiva militar y que declare estado de excepción y conflicto armado interno en Ecuador. El país está trabajando en la habilitación de nuevos recintos carcelarios.
"Yo no tengo antecedentes ni en mi país ni en Ecuador. Yo soy un hombre de trabajo. Tengo cuatro días sin comer, me golpean...", dice uno de los audios enviado a su familia y que Diario Libre pudo escuchar. Narra que los agentes le patean y le gritan: "maldito extranjero, no queremos extranjeros en nuestro país".
Su pariente asegura que las personas que introdujeron el muerto en el carro están libres y que su hermano fue "metido al medio".
Ahora Rafael le pide a su familia y al consulado dominicano en Ecuador tramitar su deportación y que su caso pueda esclarecerse, lejos de la inseguridad que pone en riesgo su vida.
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