Una orden ejecutiva firmada por el gobernador Pedro Pierluisi exigirá que todo empleado público que trabaje de manera presencial deberá estar vacunado contra el COVID-19 a partir de hoy, lunes,o de lo contrario, deberá acogerse a una de las varias licencias provistas por su patrono.
“El propósito de la orden es garantizar la salud pública y la continuidad de los servicios esenciales del gobierno. Queremos también contrarrestar la información incorrecta que se ha vertido públicamente sobre le eficacia y la seguridad de las vacunas asegurando que es seguro vacunarse y que estas vacunas no son experimentales”, sostuvo Pierluisi en conferencia de prensa en La Fortaleza, realizada el pasado 28 de julio.
A continuación, los puntos más importantes de la orden ejecutiva:
1. A partir del 16 de agosto, todos los empleados del gobierno central que trabajen de forma presencial tienen que estar vacunados con al menos una primera dosis.
2. Todo empleado público del gobierno central deberá haber completado el ciclo de vacunación en o antes del 30 de septiembre.
3. Estarán exentos los empleados con sistema inmune comprometido, alérgicos a las vacunas o que tengan alguna otra contraindicación médica.
4. Se permite a manera de excepción el no inocularse por motivos religiosos, pero la persona deberá presentar una declaración jurada de su líder religioso que explique sus razones, según la orden ejecutiva.
5. Comercios y entidades privadas podrán exigir a todo el que ingresa en sus instalaciones la prueba de vacunación o una prueba que demuestre que no es portador del virus.
6. Se recomienda a los municipios, corporaciones públicas, patrones privados y las ramas Legislativa y Judiciales tomar medidas similares. La Rama Judicial anunció en días recientes que exigirá la vacunación a sus empleados.
7. Quienes no puedan o no deseen vacunarse por razones médicas y/o religiosas, deberán presentar semanalmente un resultado negativo de COVID-19 de un término máximo de 72 horas antes, o un resultado positivo a COVID-19 de los pasados tres meses, junto con documentación médica de su recuperación.
8. La orden aplicará a 65 agencias del gobierno central en las que laboran 90,000 empleados públicos. Pierluisi indicó que 7 de cada 10 empleados gubernamentales ya han sido inoculados, por lo que el decreto debe impactar a 27,000 empleadores públicos y sus empleados.
9. La orden ejecutiva estará vigente “hasta tanto sea necesaria”, según Pierluisi.
“Aquí lo que queremos, en otras palabras, es que el gobierno esté seguro, que no haya posibilidad de contagios en las agencias del gobierno y que esas agencias que atienden al público en general tampoco me expongan al público a contagios por el COVID. La idea es que se vacune todo el que se pueda vacunar”, afirmó el gobernador.
“Aquí yo estoy actuando como patrón de toda la rama Ejecutiva pues tengo el deber y la potestad de tomar todas estas medidas administrativas que aplican a los empleados. Lo voy a decir de otra manera: aquí yo estoy sentando el ejemplo”, abundó.
Dijo que “nadie” quiere mayores restricciones y por eso tienen como herramienta la vacunación contra el coronavirus.
Cuestionado de por qué eximir de vacunación por creencias religiosas “sinceras”, el gobernador dijo que la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos “protege la libertad de culto”. “La orden -para protegernos- dice van a tener que traer una prueba negativa de COVID todas las semanas”, aclaró el gobernador.
El gobernador fue enfático en que no descarta tomar medidas adicionales con el fin de que más personas se vacunen contra el COVID-19 para alcanzar la inmunidad de rebaño. Y ya lo ha hecho, exigiendo la vacunación a personal de la salud, contratistas del gobierno y empleados de los sectores de hospederías, restaurantes, cines, teatros y otros.
Según información provista por La Fortaleza a marzo 31,000 empleados del gobierno trabajaban de manera virtual. Pierluisi tampoco descartó evaluar el exigirle a toda persona que visite una agencia de gobierno presentar la tarjeta de vacunación.
El secretario de Salud, Carlos Mellado, reconoció que existe la posibilidad de que haya personas que opten por conseguir una tarjeta de vacunación falsificada. Agregó que ante esa posibilidad, la persona se expone a cargos estatales y federales porque la tarjeta es avalada y requerida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
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