La Vega. Con consignas de “No a la deforestación” y “Sí a la vida”, cientos de comunitarios, religiosos, ambientalistas y dirigentes sociales marcharon este domingo desde el Pie del Santo Cerro hasta la comunidad de Río Seco para exigir el sometimiento a la justicia de los responsables de la devastación ambiental.
La multitud recorrió varios kilómetros bajo una estricta vigilancia de agentes de la Policía Nacional, miembros del Ejército y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en una manifestación pacífica que se convirtió en un contundente reclamo ciudadano contra lo que calificaron como un “ecocidio”.
La movilización fue organizada por líderes comunitarios de Santo Cerro, Pie del Cerro, Carrera de Palmas, y comunidades aledañas, afectadas por los movimientos de tierra y la tala de árboles que, según denunciaron, provocaron deslizamientos, inundaciones y el arrastre de lodo hacia sectores como Río Seco tras las recientes lluvias.
Geraldine Romero, coordinadora de la jornada, aseguró que la protesta fue convocada exclusivamente por la comunidad, sin vínculos partidarios. “Estamos aquí reunidos con un único propósito: exigir una respuesta inmediata y que los responsables de la deforestación de la loma del Santo Cerro sean sometidos a la justicia, las autoridades de Medio Ambiente en La Vega han sido mudas y sordas ante este crimen”, expresó.
Romero sostuvo que la indignación de los residentes responde al temor de que el daño ecológico continúe y se profundicen las consecuencias para las familias que viven en la zona.
El párroco de la iglesia del Santuario Santo Cerro, padre Rafael de Jesús Mendoza Guzmán, destacó el carácter pacífico de la marcha y recordó que el objetivo era reclamar justicia y soluciones, no generar confrontaciones. “Esta no es una marcha contra el Gobierno ni contra ningún partido, es una marcha de la comunidad y de quienes aman esta loma y este santuario ecológico”, afirmó.
La actividad empezó con una oración a cargo del padre Jhonny Durán, encargado de la Pastoral Medioambiental de la Diócesis de La Vega, quien elevó una crítica frontal contra las autoridades y los sectores económicos involucrados.
“No es justo que por el bienestar de un grupo de poder económico los más pobres tengan que cargar con las consecuencias de un desastre ambiental, necesitamos respuestas concretas y sanciones ejemplares”, manifestó.
Durán dijo que la Iglesia Católica acompaña a las comunidades en su reclamo y exigió acciones inmediatas para reparar los daños causados. “Los responsables tienen nombre y apellido”. Decenas de personas marcharon al Santo Cerro para exigir fin a daños ambientales.
El dirigente del movimiento popular Los Peregrinos de Moca, Juan “Guanchy” Comprés, recordó que fue de los primeros en denunciar la situación y acusó al Ministerio Público y a las autoridades ambientales de guardar silencio. “Lo que pide el pueblo es que esos empresarios sean sometidos a la justicia por violar la Ley 64-00 de Medio Ambiente”, declaró.
En términos similares se pronunció el ambientalista Yanio Concepción, quien calificó la intervención como un atentado contra un patrimonio histórico y espiritual. “Es una falta de respeto a una zona histórica, a una ruta de la fe y al santuario de la Virgen de las Mercedes, la clase empresarial debe entender que la ley está para cumplirse”, expresó.
Concepción cuestionó que no exista información pública sobre permisos ni estudios ambientales y advirtió que la zona ya fue escenario de un terremoto devastador en 1562, lo que demuestra su alta vulnerabilidad. l José Adriano Rodríguez
Río Seco, símbolo del impacto en La Vega
El recorrido culminó en Río Seco, una de las comunidades más golpeadas por el arrastre de lodo, piedras y sedimentos tras las lluvias recientes, fenómeno que los residentes atribuyen directamente a la eliminación de la cobertura boscosa en la parte alta del Santo Cerro.
Allí, los manifestantes observaron las secuelas de la inundación y reiteraron que el daño ambiental ya tiene consecuencias visibles sobre viviendas, caminos y terrenos agrícolas.
Los organizadores demandaron al Ministerio de Medio Ambiente y a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente realizar una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y aplicar sanciones conforme a la Ley 64-00.
Advirtieron que la deforestación ha incrementado el riesgo de deslizamientos, pérdida de biodiversidad, afectación de fuentes de agua y deterioro del valor cultural y espiritual del Santo Cerro.
“Defender la loma es defender el futuro”. La jornada concluyó con un mensaje de unidad y compromiso ciudadano. “Defender la loma es defender el futuro de nuestros hijos”, expresaron los asistentes.
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