La PEPCA documentó diagnósticos incompatibles, servicios negados por los afiliados y firmas que el Inacif determinó como falsas
Datos extraídos de la solicitud de medida de coerción del caso Senasa 2.0 revelan que un trastorno de la vulva, una resección de granuloma vulvoperineal y una cauterización cervical figuran entre los procedimientos ginecológicos facturados a afiliados masculinos que, según la PEPCA, nunca recibieron esas atenciones.
Estos casos constituyen algunas de las evidencias más llamativas del presunto entramado que habría utilizado datos personales, diagnósticos incompatibles y firmas falsificadas para cobrarle millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Uno de los expedientes que más llaman la atención corresponde a Gerailin Salvador Mariano, a cuyo nombre fueron presentadas dos reclamaciones médicas el 22 de julio de 2024 por la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez.
Los documentos consignaban como diagnóstico un “trastorno no inflamatorio especificado de la vulva” y como procedimiento una “resección de granuloma vulvoperineal”.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) calificó ambos servicios como “materialmente imposibles” por la condición biológica masculina del afiliado, según las páginas 59 y 60 de la solicitud.
Salvador Mariano declaró que nunca fue atendido en el Centro Médico Universal y tampoco reconoció como suya la firma colocada en los formularios. El informe pericial D-0444-2025 determinó que los rasgos caligráficos no se correspondían con su firma auténtica.
El análisis financiero realizado a Basora Ramírez identificó, además, depósitos y transferencias por un total de RD$776,717 a favor de Ángel Luís Guzmán Vásquez, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales operadores del entramado.
La llamada que frenó una cauterización cervical
Otro caso que causó asombro entre los investigadores ocurrió el 3 de diciembre de 2024, cuando Ángel Luís Guzmán llamó al centro de atención de Senasa y utilizó el código del ginecoobstetra Carlos Job Ynoa Olivero para solicitar una cauterización cervical por radiofrecuencia.
Cuando el representante de la aseguradora le pidió los datos del paciente, descubrió que se trataba de un hombre. Guzmán respondió que verificaría la información y terminó la llamada, relata la PEPCA en la página 82. El nombre del afiliado no fue incluido en ese apartado del expediente.
La auditoría practicada a las reclamaciones de Ynoa Olivero también encontró otras consultas ginecológicas cargadas a hombres, servicios duplicados y procedimientos atribuidos a personas que negaron haber sido atendidas por el médico.
Dos hombres aparecen con consultas ginecológicas
A estos casos se sumaron los historiales de Ebeylis Peguero Monegro y Deberin Klanniery Medina Pérez, ambos afiliados masculinos.
A Peguero Monegro le figura una consulta con la ginecoobstetra Griselda Altagracia Basora Ramírez el 19 de marzo de 2024 y otra con el ginecoobstetra Marcelino Eusebio Figuereo el 20 de agosto de ese mismo año.
En el historial de Medina Pérez, identificado en el expediente como miembro de la Policía Nacional, aparecen consultas con Basora Ramírez los días 19 de marzo y 20 de agosto de 2024.
Los registros, localizados entre las páginas 139 y 141, fueron incorporados por la PEPCA como parte del patrón de servicios ginecológicos cargados a hombres.
Pero las irregularidades no se limitaron a los procedimientos ginecológicos atribuidos a afiliados masculinos. Los auditores también encontraron datos de una misma persona utilizados en reclamaciones vinculadas a varios médicos.
Uno de esos casos es el de Odalis Suárez de los Santos, quien negó haber recibido servicios de Carlos Job Ynoa Olivero y aseguró que no lo conocía.
Al revisar su historial, los investigadores encontraron otras autorizaciones relacionadas con los médicos Luz Esther Reyes Durán, Martha María Saldaña, Wander Manuel Díaz Encarnación, Víctor Felipe Rodríguez García y Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez.
Suárez de los Santos manifestó que tampoco conocía ni había visitado a esos profesionales. Para la PEPCA, este caso muestra que los datos de una misma afiliada habrían sido utilizados para facturar servicios con seis prestadores diferentes, según las páginas 82 y 83.
La extracción en la pierna que nunca ocurrió
Los procedimientos cuestionados tampoco se limitaron al área de ginecología. Otro expediente surgió a partir de una denuncia presentada por Herson Eliel Quezada Peralta.
El afiliado descubrió que el cirujano Edwin Alberto Batista Cruz había reportado a Senasa una consulta especializada y la extracción de un cuerpo extraño en los tejidos blandos de una pierna.
Quezada Peralta afirmó categóricamente que nunca recibió ninguno de esos servicios, conforme a la página 67 de la solicitud.
A partir de ese caso, Senasa amplió la revisión y contactó a otros 15 afiliados cuyos nombres figuraban en reclamaciones presentadas por Batista Cruz. Todos dijeron desconocer las consultas y procedimientos cargados a sus seguros.
Entre los entrevistados figuran Berenice Montero Encarnación, Margarita Vásquez Rosario, Eugenia Martes, María Feliciano, Eladio Pichardo, Fernando de la Rosa Lorenzo, Richard Eduin Santana Familia, Eduardo Michel Luis y Bernardino Díaz Fermín.
Diez firmas de afiliados que no coincidían
Las declaraciones de los pacientes abrieron otra línea de verificación. El Ministerio Público remitió varios formularios al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para comparar las firmas cuestionadas con muestras auténticas.
El informe D-0396-2025 determinó que la firma colocada en documentos del 18 de junio de 2024 a nombre de Aracelis Paulino Espinal de la Cruz no coincidía con la de la afiliada.
Las experticias arrojaron resultados similares en formularios atribuidos a Francisco Sierra Bens, Berenice Montero Encarnación, Margarita Vásquez Rosario, Hipólito Antonio Gil, Ronny Martínez, María Josefina Henríquez Pérez de Bloise, Ernesto Matos Féliz, José Emilio Santana Méndez y Martina Castillo.
Los documentos cuestionados fueron fechados entre el 10 de junio y el 2 de julio de 2024, conforme a las páginas 68 a 71 de la solicitud.
Para la PEPCA, estos expedientes muestran cómo se utilizaron datos reales de afiliados, diagnósticos incompatibles y firmas presuntamente falsificadas para justificar servicios que no fueron prestados y obtener pagos de Senasa.
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