A treces meses del presidente de la República, Luis Abinader, haber asumido el tren gubernamental enmarcado sobre la base de un discurso de “cambio” que enarbola valores de transparencia en el manejo de los recursos del Estado, persecución al narcotráfico y fin de la impunidad, ya suman más de 10 la lista de funcionarios públicos del actual Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que han sido sometido a investigación por el Ministerio Publico, otros cumplen prisión preventiva por corrupción, entre otros delitos administrativo.
En tal sentido, el presidente Abinader ha reiterado en diversas ocasiones que en su gobierno “no habrá vacas sagradas” y el que la “la hace la paga”, en repuesta a los allanamientos ejecutado por el Ministerio público y que involucran a funcionarios de su Gobierno.
La lista de servidores públicos que han salido a relucir en lo que va de gobierno por irregularidades en la administración y que han sido sometido a investigación, dio inicio con la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, luego de haber declarado que posee un patrimonio de unos 106 millones de pesos y que una investigación periodística arrojara que una empresa de ésta, supuestamente, fuese beneficiada con licitaciones del Estado en franca violación del artículo 14 de la Ley de Compras y Contrataciones que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado.
Otro caso de funcionario de la actual gestión que tuvo gran peso en la opinión pública, fue el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, condenado a dos meses de prisión preventiva por presunta agresión sexual en perjuicio de una exempleada de la institución que este dirigía.
Asimismo, fue destituido de su cargo el ex encargado de Aduanas en la Región Norte, Antonio Gómez Díaz, por las acusaciones en su contra de incurrir en los delitos de acoso y violación sexual contra dos mujeres, caso por el cual la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial les impuso seis meses de prisión domiciliaria como medida de coerción.
Seguido, el director del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), José Sánchez, quien tuvo que renunciar a su cargo en medio de las denuncias de supuestos actos de corrupción y abuso sexual en su contra.
Juan Maldonado Castro
Leonardo Faña
José Sánchez
En la administración de la procuradora Mirian German se han realizado diversos allanamientos a funcionarios públicos vinculados a corrupción administrativa y otros delitos, en lo que se resalta el denominado caso Operación 13.
Operación 13 se ejecuta por otro escándalo de corrupción en la administración gubernamental de Luis Abinader, que envuelve un presunto fraude millonario en un sorteo de la Lotería Nacional y por el cual guarda 18 meses de prisión preventiva el exadministrador de esa institución Luis Maisichell Dicent y otros funcionarios.
También tuvo que apersonarse hacia la Procuraduría General de la República, el ex viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía, Víctor Miguel Polanco Severino, donde fue interrogado por supuesta corrupción en la emisión de permisos para porte y tenencia de armas, durante su gestión que apenas duro tres meses.
También cabe resaltar el apresamiento del diputado por Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez Díaz, quien en el mes de mayo, fue detenido en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto de los Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.
Asimismo, en el plano local, el Ministerio Público acaba de darle un golpe bajo al narcotráfico y lavado de activo, con diversos allanamientos que involucra a funcionario del Partido Revolucionario Moderno y otras personas, ejecutando la “Operación Falcón” donde quedó arrestando el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro (Marcial o el Líder).
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