Tras el más reciente discurso del presidente, en el que volvió a apelar al sacrificio del pueblo, la reacción ha sido clara: escepticismo y rechazo. No es casual. Exigirle al dominicano que “aguante”, bajo una presión cada vez mayor, mientras el gobierno gasta sin límites, no solo es injustificable, sino evidencia una profunda desconexión de la realidad que vive el país.
El pueblo lo tiene claro: el sacrificio que se le exige contrasta de manera incuestionable con el accionar del gobierno, caracterizado por la indisciplina y el desenfreno. Cuando el Estado pierde el control, cualquier llamado a la austeridad pierde credibilidad, y lo que se vende como responsabilidad, se percibe como una imposición injusta.
En apenas seis años, el Estado ha crecido a un ritmo injustificable. El presupuesto superó los RD$1.74 billones en 2026, un escandaloso aumento de 75%, mientras la nómina pública sumó más de 100,000 nuevos empleos, a un costo superior a los RD$60,000 millones anuales. Lejos de responder a mayor eficiencia, esta intensificación se financia con un acrecentado endeudamiento de aproximadamente 50%. El Estado no solo se expandió: lo hizo gastando más, debiendo más y cargándoselo al ciudadano.
Aún más preocupante es la composición de esa ampliación. Mientras el presupuesto se ha expandido de forma acelerada, la proporción destinada a inversión en infraestructura y desarrollo —el llamado gasto de capital— ha disminuido unos 4 puntos porcentuales, equivalente a una caída relativa de más de 20% de la inversión dentro del gasto total.
Las cifras no solo muestran un Estado que crece, sino que cambia su naturaleza. Mientras se reduce la proporción de recursos destinados al desarrollo, se incrementa el gasto en nómina, subsidios y funcionamiento. Es decir, menos inversión en el futuro y más gasto en el clientelismo del presente. Un modelo que, lejos de fortalecer la independencia económica del ciudadano, intensifica su subordinación al Estado.
Al mismo tiempo, el costo de la vida se ha disparado. La canasta básica supera los RD$46,000, un incremento de cerca del 30%, mientras la inflación acumulada ronda el 35%, erosionando el poder adquisitivo: lo que antes se adquiría con RD$100 hoy requiere RD$130 o más. El combustible ha subido hasta un 50%, acercándose a los RD$300 por galón, encareciendo el transporte, los alimentos y toda la cadena productiva. El resultado es evidente: cada peso rinde menos, mientras vivir cuesta más.
Esta contradicción también se refleja en el sector energético. Mientras el Presidente promueve energías renovables y la autosuficiencia, su propio regulador —la Superintendencia de Electricidad— impone tarifas que encarecen esa transición. En la práctica, se castiga a quienes intentan independizarse, revelando una política incoherente que, una vez más, termina endilgándole el costo al ciudadano.
El presidente pide sacrificio, pero el país ve otra cosa: un Estado que gasta más, se endeuda más y exige más, mientras el pueblo recibe menos. Y cuando la austeridad solo aplica hacia afuera, deja de ser política pública y se convierte en abuso.
Esto no es una crítica coyuntural, sino un señalamiento estructural. Un Estado que crece sin control, expande su nómina, eleva la deuda a niveles históricos, reduce la inversión en desarrollo y convive con una
inflación acumulada exagerada, un mayor costo de los alimentos y del combustible, tiene la obligación de mostrar resultados tangibles.
El dominicano sigue sosteniendo la economía real, pero con mayor presión y menos margen. El problema es un modelo que ha puesto al Estado por encima del ciudadano. Ese desbalance no solo es insostenible, además erosiona la confianza y profundiza el descontento social.
ES NECESARIO PLANTEAR SOLUCIONES
Si el contexto internacional —incluyendo tensiones geopolíticas— genera presiones adicionales, la respuesta no puede ser trasladar ese peso exclusivamente al pueblo. La primera responsabilidad recae sobre el propio gobierno.
En ese sentido, es impostergable implementar un plan real de austeridad: no un ajuste superficial, sino una revisión profunda del gasto que reduzca estructuras innecesarias, racionalice la nómina, elimine duplicidades, y contenga el gasto corriente, priorizando la inversión productiva y recortando gastos improductivos. Pero la solución no es solo fiscal, también es productiva.
En tiempos del conflicto entre Ucrania y Rusia, se advirtió al gobierno la necesidad de impulsar la producción de rubros estratégicos como el trigo, la soya y el maíz en territorio dominicano. Invertir en agricultura permitiría fortalecer la seguridad alimenticia, estabilizar precios mediante contratos a futuro, y convertir al país en exportador de estos productos. De haberse asumido esa visión en el 2022, hoy el país enfrentaría una realidad agropecuaria distinta.
La situación actual obliga a transformar de raíz un sistema energético fallido, tanto en producción como en distribución. El país necesita modernizar su red, reducir pérdidas y diversificar su matriz con una combinación inteligente de energías renovables, almacenamiento y fuentes firmes que garanticen estabilidad. Al mismo tiempo, debe eliminar trabas a la autogeneración, reducir la dependencia de combustibles importados, y construir un modelo eficiente, resiliente y orientado al desarrollo.
Ningún pueblo está obligado a cargar indefinidamente con un Estado que no se corrige. No se puede exigir sacrificio mientras se malgasta, ni pedir esfuerzo sin dar ejemplo. La República Dominicana no necesita explicaciones, necesita decisiones. Porque cuando el poder se desconecta, el país cambia. Y cuando el pueblo entiende que la carga no es justa, la historia deja de escribirse desde el gobierno y empieza a escribirse desde la gente.
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