El presidente Luis Abinader designó al abogado Edgar Torres Reynoso como nuevo subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo.
La designación está contenida en el Decreto 11-26, según informó el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien lo juramentó.
«Con gran satisfacción anuncio que mediante Decreto 11-26 el presidente de la República, Luis Abinader, designó al licenciado Edgar Torres Reynoso como subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, el cual fue juramentado por el consultor», escribió Subero Isa en su cuenta en la red social X.
Un perfil forjado en la excelencia judicial
Torres Reynoso llega al tren gubernamental con una sólida trayectoria de más de 17 años de experiencia en el ejercicio del derecho. Hasta su designación, se desempeñaba como socio de la firma Jorge Subero Isa: Consultores – Asesores Estratégicos. Su carrera en el sector público es extensa; fungió como abogado ayudante del presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue secretario general del Consejo del Poder Judicial durante ocho años y posteriormente director de Investigación y Jurisprudencia del Poder Judicial antes de su paso al sector privado. Egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en 2003, el nuevo subconsultor posee una Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos por la misma institución. Su formación internacional incluye un postgrado en Derecho de los Negocios Internacionales en la Università degli Studi di Torino, Italia y estudios especializados en Madrid, España. Además de su preparación técnica, es un políglota con dominio de los idiomas español, inglés, portugués e italiano.
En el ámbito académico, Torres Reynoso cuenta con una destacada labor como docente en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) desde el año 2011, así como en la PUCMM, impartiendo materias fundamentales como Derecho Civil, Comercial y Judicial Privado.
El licenciado Torres Reynoso es también un prolífico autor jurídico. Entre sus obras y artículos destacan estudios sobre la responsabilidad civil médica, el impacto de la ley de lavado de activos en la abogacía y el «Diccionario analítico de la normativa especial dominicana».
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