Este miércoles se cumple un año y tres meses de la tragedia ocurrida en la emblemática discoteca Jet Set, en Santo Domingo, donde el desplome del techo durante la tradicional «fiesta de los lunes» provocó una de las mayores catástrofes registradas en un centro de entretenimiento del país.
El colapso de la estructura dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, causando profundo dolor en cientos de familias y conmocionando a toda la sociedad dominicana. La tragedia marcó un antes y un después en la historia del país, al generar un amplio debate sobre las condiciones de seguridad estructural de establecimientos públicos, así como sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de inspección y prevención de riesgos. A un año y tres meses del fatídico suceso, familiares de las víctimas continúan recordando a sus seres queridos y mantienen el reclamo de justicia. El proceso judicial continúa. El Ministerio Público sostiene que los propietarios de la discoteca, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, actuaron con negligencia al no realizar las intervenciones necesarias para evitar el colapso del techo, pese a los problemas estructurales señalados en la acusación.
Ambos enfrentan cargos por homicidio involuntario. Como medida de coerción, el tribunal les impuso una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica. Además, el expediente fue declarado complejo debido a la cantidad de víctimas, querellas, peritajes y elementos de prueba.
En ese sentido, el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, afirmó recientemente que el país necesita fortalecer la revisión de sus estructuras mediante un trabajo conjunto entre los sectores público y privado.
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