Al menos diez artículos del Código Penal podrían ser sometidos a modificación luego de las quejas de sectores y de que se confirmara desde la Cámara de Diputados que se iniciará un proceso de reformulación.
Hay sectores como salud y comunicación que han protagonizados los reclamos pero igual se presentan otros además de la posibilidad de que se vuelva a dialogar sobre las causales del aborto algo que ha sido descartado pero que igualmente es posible que se trate.
Sector salud
En materia de salud, se procuran cambios a los artículos 112, 114, 150 y 151 para establecer que la responsabilidad penal de médicos y centros de salud solo podrá configurarse cuando exista una falta grave e inexcusable a la lex artis.
Además, precisa que la sola ocurrencia de un resultado adverso no constituye, por sí misma, una conducta penalmente reprochable y excluye de responsabilidad situaciones como complicaciones propias del procedimiento, la evolución natural de la enfermedad, deficiencias estructurales del sistema sanitario y actuaciones realizadas en contextos de urgencia, siempre que el profesional haya actuado con la diligencia exigible.
Libertad expresión
En cuanto a la libertad de expresión, la pieza modifica los artículos 208 y 210 para eliminar las penas privativas de libertad por los delitos de difamación e injuria, manteniendo únicamente sanciones económicas y la reparación civil correspondiente.
Asimismo, establece que cuando las expresiones se refieran a funcionarios públicos, candidatos o asuntos de interés público, solo habrá responsabilidad si se demuestra que fueron difundidas a sabiendas de su falsedad o con manifiesto desprecio por la verdad.
El proyecto también incorpora un nuevo párrafo al artículo 209 para precisar que la difamación extorsiva exige la intención específica de obtener un beneficio indebido o ejercer presión ilegítima, excluyendo expresamente el ejercicio del periodismo, la crítica, las protestas pacíficas y las denuncias de buena fe.
Responsabilidad penal jurídica y el ultraje
Otro de los cambios propuestos recae sobre el artículo 212, que limita la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra el honor y prohíbe que estos ilícitos sirvan de fundamento para cerrar medios de comunicación, revocar licencias, decomisar equipos o inhabilitar periodistas.
La iniciativa también plantea derogar los artículos 310 y 311, que tipifican y regulan la persecución del delito de ultraje a funcionario o servidor público.
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