La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó hoy que el país entra en una nueva era de la justicia penal con la entrada en vigencia, el próximo miércoles, del nuevo Código Penal, una legislación que fortalecerá la persecución del delito, reducirá los espacios de impunidad y dotará al sistema judicial de herramientas adaptadas a los nuevos desafíos sociales y criminales.
La nueva normativa representa la transformación más profunda del sistema penal dominicano en más de un siglo, al dejar atrás el Código Penal de origen napoleónico promulgado en agosto de 1884 e incorporar 109 tipos penales nuevos o reformados que modifican la forma en que serán investigadas y sancionadas diversas conductas delictivas. El Código Penal entra en aplicación luego de un prolongado proceso de discusión que se extendió por más de dos décadas y que estuvo marcado por intensos debates políticos, jurídicos y sociales Durante ese período, distintos sectores del país confrontaron posiciones sobre temas como el aborto, la libertad de expresión, la responsabilidad penal de las empresas, la cuantía de las penas y las sanciones aplicables a delitos cometidos por profesionales de la salud.
La aprobación de la nueva legislación fue considerada un desafío para el sistema jurídico dominicano, debido a que el país mantuvo durante casi siglo y medio un modelo penal basado en principios del siglo XIX, mientras la criminalidad evolucionaba con nuevas modalidades relacionadas con la tecnología, las estructuras empresariales y las dinámicas económicas modernas.
Entre las principales novedades del Código Penal figura la incorporación de nuevos delitos y la actualización de otros ya existentes, entre ellos el feminicidio, el feminicidio conexo, la violencia económica, la discriminación, el acoso escolar o bullying, el ciberacoso o ciberbullying, el dopaje, la estafa inmobiliaria, el robo de metales, la inducción y cooperación al suicidio y la violación de órdenes de protección. Uno de los cambios considerados de mayor alcance es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permitirá perseguir a empresas, instituciones y otras entidades cuando sus estructuras sean utilizadas para la comisión de hechos ilícitos.
La nueva legislación también amplía las herramientas contra la corrupción administrativa mediante la creación o modificación de 25 figuras penales vinculadas a ese fenómeno, incluyendo la corrupción como delito autónomo, la contratación ilícita, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito.
En materia de protección de derechos, el Código incorpora principios modernos del derecho penal, como la proporcionalidad, humanidad, favorabilidad y lesividad, además de establecer figuras que pueden disminuir o excluir la responsabilidad penal, entre ellas el estado de necesidad, el error de tipo y el error de prohibición. El proceso para sustituir el viejo Código Penal estuvo marcado por varios intentos legislativos que no lograron concretarse debido a diferencias entre sectores políticos y sociales.
Durante años, distintas iniciativas fueron sometidas al Congreso Nacional, pero quedaron pendientes por desacuerdos sobre disposiciones consideradas sensibles.
Con la entrada en vigor de la nueva norma, República Dominicana se suma a las tendencias de modernización penal en la región y comienza una etapa en la que fiscales, jueces, abogados y ciudadanos deberán adaptarse a un nuevo marco jurídico que redefine delitos, responsabilidades y sanciones. La aplicación del Código Penal será también una prueba para las instituciones del sistema de justicia, que tendrán el reto de garantizar una interpretación adecuada de sus disposiciones y lograr que la nueva legislación se traduzca en una respuesta más efectiva frente al delito.
El cambio marca el fin de una etapa iniciada en 1884 y abre uno de los capítulos jurídicos más importantes de la historia reciente del país.
Esta versión ya tiene el tamaño y el peso de una nota principal de página nacional.
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