El Congreso de ese país aprobó un paquete de 2,2 billones de dólares para mitigar el impacto de la pandemia
El paquete de 2,2 billones de dólares que el Congreso de Estados Unidos aprobó para ofrecer ayuda económica durante la pandemia del nuevo coronavirus no incluyó a un grupo importante de la población: millones de inmigrantes que radican en el país sin autorización legal, pero que trabajan en el país y que pagan impuestos.
Entre ellos se encuentra Carmen Contreras López, una empleada doméstica de 48 años que, si bien percibe un bajo salario, presenta su declaración de ingresos anualmente. Desde que se desató la pandemia del COVID-19, Contreras perdió a la mayoría de sus clientes y se las arregla con ayuda de su hijo mayor, pero ella no recibirá un solo centavo del dinero prometido para la mayoría de los estadounidenses en respuesta a la pandemia.
“Es difícil porque para el gobierno no existimos”, informó Contreras, que ha vivido en Estados Unidos durante 30 años y que tiene cuatro hijos que son ciudadanos estadounidenses.
El gobierno espera empezar a dar los pagos a millones de estadounidenses a mediados de abril. Todo aquel que tenga un ingreso bruto ajustado de hasta 75.000 dólares anuales y que tenga número de Seguro Social recibirá 1.200 dólares. La cantidad disminuye para quienes ganan más. Se espera que también obtengan la ayuda económica las personas con residencia permanente legal, que poseen las llamadas “green card” Cerca de 4,3 millones de inmigrantes, la mayoría de ellos sin autorización legal y que no cuentan con un número de Seguro Social, presentan su declaración tributaria usando lo que se conoce como “taxpayer identification number” (número de identificación de contribuyente), de acuerdo con el Instituto de Políticas Tributaria y Económica.
Muchos afirman que pagan sus impuestos federales porque esperan que algún día eso les ayude a obtener la residencia legal y porque consideran que es lo correcto.
“Tomamos esa decisión porque vivimos en un país que nos ha recibido con mucho amor”, sostuvo Ingrid Vaca, una empleada doméstica que trabaja en el área de Washington, D.C.
Vaca dijo que los inmigrantes se hacen cargo de comunidades, niños, adultos mayores y hogares, pero que no recibirán ningún tipo de ayuda pública. También quedaron fuera los 3,5 millones de hijos de los trabajadores, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses.
“Esta es una pesadilla para mí y muchas de mis colegas”, dijo Vaca, lamentando la falta de ingreso para pagar alquiler y necesidades básicas. “Necesitamos que se nos respete”.
Ante la pregunta de cómo sobrevivirán los inmigrantes sin estatus legal ante la crisis por la pandemia sin ninguna ayuda económica, el presidente Donald Trump reconoció la dificultad, pero agregó que muchos desempleados que sí son ciudadanos necesitan recibir la ayuda primero.
“Es una situación verdaderamente triste y estamos trabajando en ello. No voy a darles a ustedes una respuesta concisa, pero les diré que es algo en lo que pienso”, respondió Trump.
En la zona rural de Massachusetts, José Martínez dijo que un cheque de ayuda económica ante la propagación de la enfermedad le podría haber ayudado a cubrir al menos un mes de gastos, en caso de haber sido elegible. El mexicano de 34 años cruzó la frontera sin autorización hace aproximadamente 15 años y vive cerca de los límites estatales con Vermont junto con su hija de cuatro años, nacida en Estados Unidos.
Martínez, que trabaja pintando casas, añadió que el trabajo ha disminuido durante la pandemia. Su jefe aún le debe más de 500 dólares por trabajos recientes, y el restaurante en donde lava trastes en un empleo de tiempo parcial ha sido cerrado temporalmente.
En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte. La mayoría de la gente se recupera.
Los legisladores demócratas presentaron una iniciativa de ley la semana pasada en la Cámara de Representantes y el Senado que permitiría que los inmigrantes tengan acceso a sus fondos de ayuda.
“Al COVID-19 no le importa su estatus migratorio, y por ello tampoco le debería importar a nuestra respuesta”, sostuvo el legislador Raúl M. Grijalva, un demócrata por Arizona, en un comunicado.
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