El mayor general Adán Cáceres, principal imputado en el caso de corrupción desmontado por la Operación Coral, consideró que el Ministerio Público ha presentado en su expediente una verdad retorcida en su contra, al pintarlo como un malhechor.
El alto oficial de 52 años, dijo que es la primera vez en su vida que pasa por una situación como la actual y pidió a la jueza que conoce la medida de coerción darle oportunidad para desmontar la investigación del Ministerio Público.
“Al leerlo (el expediente) me di cuenta de que he sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido méritos en sus investigaciones. Sin embargo, he notado allí, no puedo decir que demasiadas mentiras, pero sí he notado la verdad retorcida en contra de mí y de mi honor. Eso me ha tocado profundamente, magistrada. Soy presentado allí como un malhechor y debo tener las formas de desmontar todo esto”, expresó el imputado en el estrado frente a la jueza Kenya Romero.
Dijo que en los seis días que ha estado detenido no ha tenido la oportunidad de organizar su defensa con sus abogados, ya que se ha reunido en prisión por varios días por 5 y 10 minutos y aunque le ha suministrado los nombres de varias personas que le pueden servir de garantes para demostrar su arraigo, por falta de tiempo, sus abogados no han podido realizar las diligencias de lugar. La acusación
En su expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que Adán Cáceres instrumentó un entramado de criminalidad organizada compuesto por un esquema societario, y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para colocar, estratificar y reintegrar al sistema financiero nacional dinero defraudado del Estado, dando apariencia de legalidad a los activos generados.
Indican que Adán Cáceres se benefició de su cercanía con el poder, al ser el exjefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez, para realizar acciones ilícitas, utilizando prestanombres, testaferros, poseedores de propiedades mediante simulaciones contractuales tanto de ventas como de alquiler.
En el caso están imputados además de la pastora Rossy Guzmán y el mayor general Adán Cáceres; el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
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