La Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) ha afirmado en varias ocasiones que no está de acuerdo con la “promoción alegre” que se hace en el país de las bancas de apuestas, específicamente de sorteos.
A propósito del tema, que ha vuelto a estar en la palestra pública tras darse a conocer el denominado caso Calamar, vale refrescar este trabajo realizado por este medio, ya que congresistas vinculados a las bancas de apuestas, quienes están llamados a legislar, representar, fiscalizar y cumplir con las leyes, admitieron que pagaron mensualmente millones de pesos por extorsiones realizadas durante el pasado gobierno y vinculadas al supuesto entramado de corrupción.
Los congresistas, que no quisieron ser identificados, revelaron que ese sector comercial enfrentó momentos de mucha dificultad por el alegado esquema que -según el Ministerio Público- se montó desde el Ministerio de Hacienda.
Desde febrero de 2022, el Gobierno, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar inició un proceso de regulación de las bancas de loterías, mediante la resolución 061-2022 del Ministerio de Hacienda, que crea y establece los lineamientos y requisitos para la regularización. Según lo establecido en el artículo 2 de la resolución, los propietarios de establecimientos afiliados a la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), las concesionarias de loterías electrónicas y las bancas de lotería independientes y sin afiliación que deseen acogerse al plan deberán presentar en 120 días un listado de todas las bancas de lotería de su propiedad, independientemente de su estatus legal.
Esta medida, según directivos de Fenabanca, ha retrasado el proceso por entender que no hay régimen de consecuencias para aquellas bancas ilegales (que no pagan impuestos) y que se han inscrito en el proceso sin la debida documentación.
Hasta el momento, que se tenga conociendo, se han inscrito 70 mil 136 bancas en el proceso, de las que la mayoría, aseguran, son ilegales, y más de 10 mil legales no se acogieron al llamado de regulación.
La resolución administrativa instruye a la Lotería Nacional, como dependencia de Hacienda, a llegar a acuerdos por escrito relativos a la cantidad de billetes o productos de la Lotería Nacional que deban ser comercializados por los propietarios de bancas de lotería y concesionarios de loterías electrónicas.
Del mismo modo, la Lotería Nacional establecerá cuotas de contribución mensuales que permitan cubrir el costo de los sorteos que diariamente efectúa la institución con los propietarios de bancas de lotería y concesionarios de loterías electrónicas que utilizan los sorteos de dicha institución en sus actividades comerciales.
El documento establece que una vez cumplido el plazo de los 120 días, quedará prohibida por dos años la emisión de nuevos permisos o licencias para nuevas bancas de loterías y concesión de loterías electrónicas por parte de este Ministerio de Hacienda.
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