La Junta Central Electoral (JCE) saludó este jueves la condena de seis y tres años de prisión impuesta a cuatro miembros de una red dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados, incluyendo cédulas de identidad, en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Barahona.
Según explicó la entidad, la red fue descubierta tras una investigación iniciada en enero del pasado año por el Ministerio Público adscrito a la JCE, en coordinación con la Dirección de Seguridad de esa institución y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional. La pesquisa surgió a raíz del arresto de varios extranjeros que portaban documentos falsos obtenidos mediante el pago de sumas de dinero.
La decisión fue pronunciada por la jueza Fátima Cruz Estrella, del Departamento Judicial de Barahona, al acoger un procedimiento penal abreviado solicitado por el Ministerio Público, con el objetivo de agilizar el proceso.
El Ministerio Público, representado por los magistrados Wellington Matos y Esther González Peguero, junto a la Consultoría Jurídica de la JCE, estableció que el grupo delictivo se dedicaba a la comisión de crímenes y delitos relacionados con la falsificación de documentos públicos y privados, asociación de malhechores y lavado de activos.
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados a seis años de prisión cada uno, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, con suspensión condicional de los últimos cinco años.
Por su parte, Yonel Raphael fue condenado a tres años de prisión en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años.
Asimismo, el empleado de la Junta Central Electoral, Andys Hernández Rivera, fue condenado a tres años de prisión, a cumplir también en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, además del pago de una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
Entre las condiciones impuestas para la suspensión condicional de la pena, aplicables a todos los condenados, se incluyen: residir en el domicilio procesal aportado en el proceso, abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas, abstenerse del porte o tenencia de armas, mantener una conducta social íntegra y conforme a las normas vigentes, y someterse al control del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.
Los condenados se dedicaban a la falsificación de documentos de identidad como cédulas, actas de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir y de porte de armas, así como carnets de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), del Ejército de la República Dominicana (ERD), títulos educativos y documentos de la Universidad del Caribe (UNICARIBE).
También falsificaban visados de países como Estados Unidos, Bahamas, Chile, Curazao, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Haití, Canadá, Países Bajos (Holanda), Honduras, entre otros. Los documentos falsos eran vendidos principalmente a nacionales haitianos y dominicanos por montos que oscilaban entre RD$70,000 y RD$100,000. Los hechos están sancionados por varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 4-23 sobre los Actos del Estado Civil.
La Junta Central Electoral y el Ministerio Público reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta en la detección y persecución de falsificaciones, suplantaciones de identidad y otros delitos que atenten contra el registro civil.
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