El congresista Adriano Espaillat (NY-13), presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), y su colega Dan Goldman (NY-10) introdujeron este jueves la «Ley de No Policía Secreta», una pieza legislativa que busca prohibir a los agentes de inmigración y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el uso de máscaras caseras y no tácticas durante detenciones y arrestos, y exigir que muestren de forma visible su identificación e insignias.
La iniciativa, respaldada por 37 legisladores demócratas, procura frenar lo que los congresistas calificaron como tácticas intimidatorias y autoritarias utilizadas contra comunidades inmigrantes en Estados Unidos.
«Si defiendes la ley, no deberías ser anónimo2, expresó Espaillat, quien advirtió que el uso de máscaras y la ocultación de identificaciones por parte de agentes de inmigración reproduce prácticas de policías secretas en regímenes autoritarios, sembrando miedo en las comunidades.
En términos similares, Goldman, exfiscal federal, afirmó que estas acciones no protegen la seguridad pública, sino que buscan “aterrorizar a inmigrantes respetuosos de la ley”. Indicó que durante sus años como fiscal nunca vio a agentes de ICE ni DHS operar de forma encubierta y enmascarada.
Organizaciones pro inmigrantes respaldaron la iniciativa. Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, denunció que agentes armados y sin identificación “acechan a inmigrantes frente a tribunales”, mientras que Natalia Aristizábal, de Se Hace Camino Nueva York, señaló que estas acciones “ignoran los derechos de las personas y aterrorizan a familias”.
La legislación modificaría la Ley de Seguridad Nacional de 2002, estableciendo que los agentes del DHS no puedan ocultar su rostro, deban portar insignias visibles y especificar la agencia para la que trabajan (como ICE o CBP). Además, instruye al departamento a desarrollar tecnologías para garantizar que estas identificaciones sigan siendo claramente visibles durante sus operativos, sin importar las condiciones ambientales o de horario.
Espaillat y Goldman insistieron en que la ley busca proteger los derechos civiles, la transparencia en los procedimientos y defender los valores democráticos de Estados Unidos.
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