El productor de televisión y reportero gráfico de esta ciudad fue asesinado a tiros por desconocidos la tarde del 1 de julio del 2014, en un hecho ocurrido en las inmediaciones de la sede de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional en esta ciudad.
Fiscales y policías prometen respuestas a la familia y a los gremios de la comunicación de Santiago. Todo se ha quedado en el aire.
Los padres del malogrado miembro de la prensa, Juana Montes de Oca Devárez y Orlando Barry, fallecieron confiando en la justicia.
En más de una ocasión se han creado comisiones para profundizar las investigaciones, apresar a los responsables y llevarlos a los tribunales por el asesinato, pero todo se queda en promesas de las autoridades.
Los dolientes de Newton han ido desapareciendo. No es para menos, ya perdieron la fe.
A once años y tres meses, el caso sigue en la impunidad. Todo parece que la oscuridad que rodea el crimen pesa más que el interés para saldar una deuda judicial con los familiares de la víctima y sus compañeros de los gremios periodísticos.
El reportero de televisión y joven empresario Newton González fue muerto por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, en un hecho ocurrido a las 3:30 de la tarde del 1 de julio de 2014, en la avenida Bartolomé Colón, próximo a Multicentro Salvador. En ese momento, la Policía Nacional dijo que no descartaba que el crimen haya sido perpetrado por sicarios.
González trabajó como reportero gráfico del canal 8, antiguo 25 y en los últimos tiempos se dedicaba a una empresa de filmaciones de videos y películas, así como a la compra y venta de motocicletas de alto cilindraje.
Newton González, quien residía en el Los Jardines Metropolitanos, estaba casado con una hija de la periodista Nereyda Féliz. Tuvo un hijo.
La periodista Nereyda Féliz informó que los victimarios de González lo despojaron de una motocicleta valorada en casi medio millón de pesos.
Por la muerte del camarógrafo Newton González no hay ni siquiera un “chivo expiatorio” sometido a la justicia”.
Se espera que las familias de los cinco hombres que los agentes policiales mataron en La Barranquita puedan encontrar mejor suerte en el sistema de justicia.
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