Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, Ley 74-25 y sus modificaciones, el pasado 5 de agosto, los conductores dominicanos deben tener en cuenta nuevas disposiciones sobre cómo actuar ante el paso de vehículos de emergencia, como las unidades del 9-1-1.
El artículo 157 de la nueva normativa castiga a quienes obstaculicen de forma dolosa el desplazamiento de ambulancias, camiones de bomberos y vehículos de las autoridades del orden público. Las penas van desde 15 días hasta tres años de prisión, según la gravedad de las consecuencias, además de multas de uno a 15 salarios mínimos del sector público.
Lo que dice exactamente el artículo 157
La disposición sanciona con uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos a quien impida deliberadamente el paso de ambulancias u otras unidades de emergencia mientras están prestando servicio.
También contempla castigo para quienes persigan de manera temeraria un vehículo de socorro: multa de uno a dos salarios mínimos, que se convierte en pena de 15 días a un año de prisión si esa persecución provoca un accidente. La sanción más severa aplica cuando la obstrucción termina en muerte, lesiones o un empeoramiento grave de la salud de alguien: en esos casos la pena sube a dos a tres años de prisión menor y multa de nueve a 15 salarios mínimos.
Qué establecía la ley anterior
Antes de esta reforma, la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ya regulaba este tema, aunque con un enfoque distinto. Su artículo 93 obliga a los conductores a ceder el paso —deteniéndose o moviéndose hacia la derecha— cuando escuchen la sirena de un vehículo de emergencia, salvo que un agente de la Digesett indique lo contrario. El incumplimiento se castiga con multa de uno a tres salarios mínimos y reducción de puntos en la licencia.
Más vehículos, más congestión
El contexto no ayuda: según el informe de cierre de 2025 de la DGII, el Gran Santo Domingo —sumando el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo— superó los 2.99 millones de vehículos registrados, un crecimiento del parque vehicular que agrava la congestión y la presión sobre el tránsito en la principal zona urbana del país.
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