Ahora que regresó luego de pasarse unos días en Estados Unidos, algunos se preguntan y les inquieta saber si el expresidente Danilo Medina podría ser objeto de una investigación penal o si pudiera ser interrogado en torno a sonados escándalos de presunta corrupción en sus gobiernos, sobre todo en relación con la operación Calamar.
Tras salir del poder en 2020, Medina celebró su cumpleaños número 69 juramentándose como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), paso que lo reviste de protección diplomática blindándolo ante una posible embestida judicial.
Desde entonces está blindado durante al menos cuatro años. Por lo tanto, ¿puede o no puede ser pasible de una acusación y posterior judicialización?
El exgobernante posee candado diplomático, pero hay una llave que podría abrirlo y despojarle de ese fuero supranacional. Para esto sería necesario que el Parlacen votara con tales fines. Entonces el presidente del PLD quedaría «desarmado» y a merced de las autoridades judiciales del país. Eso no ha pasado aún.
Lo que ha pasado es que sus funcionarios más eminentes están detenidos a la espera de que se les conozca medidas de coerción. El domingo será la audiencia. La acusación, enorme y gigantesca, afirma que Medina instruyó conseguir dinero como sea -sucio o ilícito- para financiar la cuestionada campaña de su Penco, Gonzalo Castillo.
Tan pronto aterrizó, el jefe de Estado fue custodiado y protegido por sus agentes de seguridad, quienes lo rodearon, lo cubrieron y se lo llevaron en su vehículo. Es más, uno de ellos fue el que llevó su pasaporte a Migración, en el aeropuerto.
Desde que abandonó el Gobierno no ha concedido una entrevista pública y le ha estado rehuyendo a la prensa, esquivando las cámaras y los micrófonos.
Volvió al país luego de someterse a chequeos de salud en Estados Unidos.-
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