La diputada Llaniris Espinal denunció las graves deficiencias que enfrentan varios centros educativos del distrito 05-08 en Santiago, situación que –según advirtió– afecta a miles de estudiantes y retrasa el desarrollo de las comunidades.
“Cada inicio de año escolar debe ser motivo de esperanza y oportunidades, no de frustración. No podemos seguir normalizando que nuestros niños estudien en clubes improvisados, que obras concluidas permanezcan cerradas, o que proyectos escolares duren una década sin terminarse. El derecho a la educación digna es sagrado como establece la constitución en su artículo 63 y vamos a defenderlo”, puntualizó Espinal.
Uno de los casos más preocupantes se registra en la Escuela Villa Progreso de La Herradura, donde la comunidad ha solicitado reiteradamente la construcción de un muro perimetral. Actualmente, el área trasera está cercada con planchas de zinc, lo que ha ocasionado accidentes entre los estudiantes.
El hecho más reciente dejó a un niño con desprendimiento de retina, luego de sufrir un accidente en el plantel. El menor fue operado en Santiago, pero debido a complicaciones con acumulación de líquido tuvo que ser trasladado a la capital para una nueva intervención. Su madre, con limitados recursos, libra ahora la dura batalla de costear el proceso prequirúrgico, mientras la comunidad reclama soluciones definitivas.
Espinal aseguró que dará seguimiento constante a estos problemas en sectores como La Canela y Hato del Yaque. “Como legisladora y luchadora social, estaremos dando seguimiento constante a estos problemas, fiscalizando el trabajo en nuestra demarcación y denunciando la destrucción del sistema educativo. No podemos permitir que se siga jugando con el futuro de nuestros niños y jóvenes, ni con la esperanza de tantas familias que ven en la educación la única vía real para salir de la pobreza”, expresó.
Finalmente, exhortó al ministro de Educación a atender con urgencia las demandas educativas en la zona suroeste de Santiago. “De no recibir respuestas concretas, nos veremos en la obligación de iniciar otras acciones, tanto judiciales como sociales, en defensa de los derechos de nuestros estudiantes y comunidades”, advirtió la legisladora.
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