. Los ciudadanos y las empresas ya no tendrán que llevar de una institución pública a otra documentos que el propio Estado ya posee. Con el decreto 403-26, el Gobierno dispuso que las entidades públicas compartan esa información entre sí para reducir la burocracia y hacer más rápidos los trámites.
La medida crea un sistema que permitirá a las oficinas del Estado consultar, en tiempo real y de forma segura, certificados, registros y otros documentos que ya reposan en otra institución, evitando que las personas tengan que buscarlos o entregarlos nuevamente.
Por ejemplo, si una institución necesita un documento que ya fue emitido por otra dependencia pública, deberá solicitarlo directamente a esa entidad en lugar de exigir que el ciudadano lo presente. Con ello se busca reducir las filas, el tiempo de espera y los costos de los trámites. El Ministerio de Administración Pública (MAP) será el responsable de establecer las reglas para el funcionamiento del sistema y velar por su cumplimiento. Mientras tanto, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) administrará la plataforma tecnológica que permitirá el intercambio de información entre las instituciones.
El decreto obliga a todas las instituciones del Gobierno central, los organismos descentralizados, autónomos y las entidades de la seguridad social a utilizar este mecanismo y mantener actualizados sus registros para que la información pueda encontrarse y compartirse de manera rápida y segura.
La disposición también busca facilitar los servicios que reciben las empresas, al evitar que tengan que presentar una y otra vez los mismos documentos cuando realizan gestiones ante distintas instituciones del Estado. Cuando un trámite requiera confirmar la identidad de una persona, las instituciones deberán hacerlo en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), que seguirá siendo la entidad responsable del Registro Civil y de la validación de la identidad de los ciudadanos El decreto establece, además, que la información compartida solo podrá utilizarse para los fines autorizados por la ley y por las funciones de la institución que la solicite, con el propósito de proteger los datos personales y fortalecer la confianza en los servicios digitales del Estado.
Con la entrada en vigencia del decreto 403-26 queda derogado el decreto 92-22, que regulaba el anterior sistema de intercambio de información entre las instituciones públicas.
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