Cualquiera que haya surcado la frontera dominico-haitiana de sur a norte y viceversa, habrá experimentado estar ante un cuadro surrealista dibujado hace siglos por designios coloniales y que, sorprendentemente, presenta los mismos trazos de antaño, pincelados por la corrupción, la inequidad y una informalidad que hace al visitante sobrecogerse en un mar de confusiones.
Cada pedazo fronterizo tiene características propias, pero el de Dajabón tiene un punto en común en los más de 388 kilómetros de frontera. Como también se advierte en todo el tejido social criollo, en este recodo de la patria, la corrupción es visible en cada una de las actividades de la vida cotidiana de donde emerge la purulencia a raudales.
Tal parece que la imaginación de Alejo Carpentier o Gabriel García Márquez anduvo por estos predios vernáculos cuando describieron en sus obras la degradación de la condición humana. Desde el guardia uniformado o vestido de paisano, hasta los inspectores de Migración y Aduanas, vienen “a buscar lo suyo”. Es una queja de los dajaboneros y haitianos.
En los tiempos previos a la fundación de la República campeaba igual la corrupción. Fue por la actividad gansteril de piratas, bucaneros y corsarios que la parte occidental de la isla se vio comprometida, provocando las devastaciones de Osorio. Ahora se registra una democratización del fenómeno, a tal grado que disposiciones oficiales que emanan desde los más altos cargos del poder son variadas o desafiadas para servir a intereses particulares.
El alistado que viene a parar a estos inhóspitos puestos fronterizos no es el responsable de la cadena de corrupción. Él es solo un eslabón perdido que pasa los días y las noches debajo de un frondoso árbol o a orillas del río Masacre espantando mosquitos, tirando la atarraya a los fines de sacar los “peces” que se acercan, soltar algunos y el resto subirlos al bote para que los estamentos superiores sacien su sed de enriquecimiento. Y por ahí se va la integridad territorial.
Ha sido y es el diario vivir de todos los tiempos en cada pulgada de la frontera, lugar al que la Constitución de la República otorga la responsabilidad de cuidar la soberanía celosamente como centinelas al Ejército, tal como lo hiciera en los momentos decisivos de la patria el general Antonio Duvergé.
De un tiempo a esta parte, sin embargo, se introdujo una ambigüedad de funciones entre el Ejército de la República Dominicana y el Centro Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) con la protección de la frontera, situación que hace que los dominicanos, haitianos y otros extranjeros que hacen vida en esta zona no sepan a cuál autoridad obedecer.
Tiempos de emergencia sanitaria
Desde que se generó la actual situación de emergencia sanitaria, el gobierno de entonces procedió al cierre de todas las fronteras como forma de controlar una escalada mayor del coronavirus. Siete meses después de un relativo control de la enfermedad, se procedió a flexibilizar las medidas en puertos y aeropuertos, menos en este punto.
El mercado binacional que se registra oficialmente tres días a la semana con la complacencia de ambas autoridades, quedó suspendido.
Sobre el puente construido junto al mercado con fondos de la Unión Europea, y que comunica a este municipio con Juana Méndez (Ouanaminthe) se registra, dos veces a la semana, un intercambio de mercancías que ha generado un conflicto, mientras un tercer día corresponde al cruce de patanas en el tráfico de mercancías de una zona franca instalada localmente.
Para la mayoría de los comerciantes o el pequeño y mediano empresario de la zona, la informalidad del comercio fronterizo se ha hecho eterna, creando las condiciones para que en esta porosa frontera se haga realidad el refrán “mar revuelto, ganancia de pescadores”.
La corrupción y el tráfico ilegal en la frontera cobran vida propia. Ha faltado voluntad política para dar al traste con el contrabando de armas, drogas, vehículos robados, trasiego humano y de todo lo que la imaginación permita.
Aunque los recintos de vigilancia se construyeron en la gestión pasada del Ministerio de Defensa para darle comodidad a los soldados que tienen las responsabilidad de proteger la integridad territorial, la legalidad es un anhelo de cada uno de los sectores que hacen vida cotidiana, conscientes muchos de que es una decisión política que no está en manos de los guardias.
A pesar de que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (139-13) le dan facultad de “defender la nación, su independencia, soberanía, integridad territorial de sus espacios geográficos”, no es menos cierto que siempre será una decisión política frenar el estado de cosas que, a su vez, genera el ingreso de indocumentados, armas ilegales, drogas y todo tipo de negocio ilícito.
El sueño de cada dajabonero, o de aquellos que sin serlo viven del comercio en este retazo fronterizo, es que las autoridades civiles, desde las altas instancias, impongan su voluntad para que se produzca una transformación de la zona donde habitan poco más de 25 mil almas, mientras del otro lado, en Juana Méndez, se duplica esa cantidad.
El presidente de la Cámara de Comercio de Dajabón, David Sosa, quien resultó electo senador en las pasadas elecciones aboga “por la igualdad de oportunidades para todos los actores del comercio de la zona”.
Si se experimentó con buenos resultados –refiere– se deben seguir construyendo industrias para generar fuentes de empleos. Dice recoger el anhelo de los dajaboneros en el sentido de que si a los haitianos se les ofrecen oportunidades de trabajo, no emigran a las zonas urbanas. El “Grupo M” emplea a casi 14 haitianos en el complejo de zona franca instalado aquí.
Otro de los motivos de esa emigración desde la frontera tiene que ver con lo que afirma el senador sobre el asedio del CESFRONT a los haitianos que acuden a realizar transacciones con sus pares dominicanos.
En estos momentos funciona un mercado informal que controlan los militares, lo que ha generado un conflicto en Juana Méndez donde no permiten el trasiego de mercancía desde República Dominicana.
Aunque de manera formal hay registrados en esta provincia de 200 miembros en la Cámara de Comercio, las personas involucradas en esa actividad son miles, de acuerdo con lo planteado por el senador Sosa, que viene de una familia de comerciantes.
¿Usted favorece la apertura del mercado binacional, entonces?
“No es que se abra el mercado binacional lo que estamos planteando porque se debe reconocer que hay un problema sanitario que no se debe ignorar, sino que las autoridades nacionales convoquen a sus pares de Haití para que ese negocio informal que se hace encima del puente, sea formalizado y se beneficien ambas comunidades”.
El de la frontera es un problema legendario que puede ser acometido con diálogo. El primer paso es que los dominicanos contemos con un plan estratégico en las relaciones con Haití, que incluya la frontera. En este punto, hay países y organismos internacionales dispuestos a cooperar (ya se ha hecho en la construcción del mercado binacional) a los fines de implementar un Plan de Desarrollo Fronterizo a corto, mediano y largo plazo.
República Dominicana y Haití han firmado acuerdos para apoyar iniciativas empresariales binacionales y la promoción de sociedades públicas-privadas (APP).
Hay alrededor del mundo diversos modelos de desarrollo en fronteras compartidas que pueden servir de referencia.
República Dominicana no puede seguir permitiendo que en ese trasiego ilegal de mercancías, se nos vaya la integridad territorial como si esta se expendiera en una especie de mercado persa.
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