El Partido Revolucionario Moderno (PRM), rechazó que la actual diputada Rosa Amalia Pilarte inscriba su precandidatura a la misma posición, de cara al proceso interno de la entidad de Gobierno para la elección de sus candidatos.
La decisión fue adoptada por la Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido oficialista, luego de que un juez de la Suprema Corte de Justicia, fuera apoderado para conocer la presunta acusación de lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la legisladora.
“Nuestra organización, en su accionar procura llevar en sus boletas electorales a cargos de elección popular, a hombres y mujeres que no tengan procesos abiertos vinculados a delitos e infracciones de tipos penales, los cuales estos sean el reflejo de los valores y principios que enarbola”, señala la resolución.
La Comisión Organizadora de la Convención del PRM precisó, que “en fecha 1 de agosto del 2023 tomó conocimiento de la instancia elevada por Pedro Inocencio Amador Espinosa, procurador adjunto en representación de la Procuradora General de la República, dirigida al magistrado Napoleón Ricardo Estevez Lavandier, juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual presenta acusación, solicitud de apertura a juicio y solicitud de imposición de medida de coerción, contra la señora Rosa Amalia Pilarte López, por lavado de activos provenientes del narcotráfico”.
La resolución indica que la medida es de aplicación y efecto inmediato.
“Se ordena al Director Ejecutivo de la CNEI, notificar y devolver el expediente de solicitud de inscripcion de precandidatura a diputada por la Circunscripción 1, de la provincia La Vega, a la compañera señora Rosa Amalia Pilarte López, por la presente decisión”, señalan.
“La CNEI reconoce que lo expresado no implica condenación aún contra la señora Rosa Amalia Pilarte López, en ella reposa todas las garantías de derecho al debido proceso para demostrar su inocencia y el Ministerio Público demostrar su culpabilidad en los hechos que se le imputan reñidos con las leyes, en un juicio oral, público y contradictorio, conforme a la Constitución dominicana, el Código de Procesal Penal, Código Penal y leyes especiales sobre la materia en cuestión, que para los fines conllevaría un tiempo importante, quizás más allá de la celebración de las elecciones generales ordinarias del 2024”, indica la resolución.
La diputada por la circunscripción número 1 de La Vega, figura como imputada en el expediente contra su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus dos hijos Ada María Pilarte y José Antonio Román, contra quienes el Ministerio Público presentó acusación ante la jurisdicción de La Vega.
Los fiscales sostienen que la organización criminal movió entre 2007 y 2019 más de RD$2,000 millones, información corroborada por los movimientos económicos en los bancos nacionales y cuyo origen eran las actividades ilícitas.
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