El Poder Ejecutivo emitió los decretos, 417-23, 418-23 y 419-23, mediante los cuales se dispone la entrega en extradición de los dominicanos, Juan Clemente de la Cruz Hiciano y Asunción Regalado Bautista a la República de Argentina, y a los Estados Unidos de América a Pedro Hernández Ubiera, alias Kiko, alias Mickey.
De la Cruz Hiciano fue solicitado, mediante Exhorto Internacional, del 26 de diciembre de 2022, por intento de homicidio contra Wendy Casanova, con quien mantenía una relación sentimental y de convivencia, en cuyo contexto habría desplegado diversos hechos de violencia.
Según el Juzgado Nacional Criminal y Correccional núm. 6 de la provincia Buenos Aires, República Argentina, el 17 de junio del año 2018, cerca de las 21.00 horas, en el departamento de la avenida San Juan, número 937, piso 11, departamento A, de esa ciudad, De la Cruz Hiciano, en medio de una discusión, habría empujado a su pareja Wendy Casanova, desde el balcón de dicho inmueble al espacio exterior, con el propósito de darle muerte, pese a lo cual, la victima cayó al balcón del departamento ubicado en el piso 10 «A», lo que evitó que ésta impactara contra el suelo y muriera.
Mientras que Regalado Bautista, alias «Querido» o «Paisa», fue extraditado a Argentina bajo acusación de homicidio al asestarle varias puñaladas a otro ciudadano, identificado como Nahuel Hugo Ezequiel Acosta.
El crimen que se le imputa, según la acusación, ocurrió el día 17 de enero de 2021, alrededorde las 3:42 horas, en las calles Salta y Pavón, de la capital argentina.
Asimismo la embajada de Estados Unidos mediante la nota diplomática número 2022-1000, del 7 de noviembre de 2022, solicitó al Gobierno dominicano la entrega en extradición del nacional dominicano Pedro Hernández Ubiera, alias Kiko o Mickey, acusado de asociación delictuosa para distribuir cocaína.
Dichas entregas en extradición se disponen bajo la condición de que bajo ninguna circunstancia a los imputados se les juzgará por infracciones diferentes a las que motivan su extradición, ni se les aplicará una pena mayor a la máxima establecida en la legislación penal de la República Dominicana, ni la pena de muerte, en el caso de que se comprobase su culpabilidad.
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