Lo que comenzó como un sorteo ordinario de la Lotería Nacional el 1 de mayo de 2021 terminó siendo uno de los escándalos más grandes de fraude en la historia de los juegos de azar dominicanos. Hoy, ese capítulo judicial se cierra con condenas firmes tras una larga batalla legal, luego de que la Suprema Corte de Justicia ratificara las penas contra los implicados en la llamada Operación 13.
Cómo se descubrió el fraude
La trama comenzó cuando en el sorteo del 1 de mayo de 2021 apareció como ganador el bolo número 13 en circunstancias que despertaron sospechas entre bancas de apuestas y jugadores.
El Ministerio Público inició una investigación y, tras recibir denuncias, ejecutó la Operación 13 en junio de 2021, arrestando al entonces administrador general de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, junto a varios colaboradores por su presunta participación en el fraude.
Según las autoridades, los implicados habían montado una organización sistemática para realizar sorteos fraudulentos dentro de la institución, definiendo roles, logística y acciones para manipular las extracciones en beneficio propio.
La noticia de que un sorteo de la lotería, un juego ampliamente popular en República Dominicana y en el que muchos dominicanos depositan sus esperanzas de cambiar de vida, había sido manipulado causó conmoción y enojo entre la población.
Para muchos, jugar la lotería forma parte del “sueño dominicano” de un golpe de suerte, y la revelación de que ese sueño fue explotado para un fraude desató indignación social y un fuerte cuestionamiento de la credibilidad de la institución.
La Procuraduría General de la República sostuvo que este fraude no solo dañó económicamente a la Lotería y a las bancas de apuestas, sino que también afectó la confianza del público en el sistema de sorteos, ya que muchos ciudadanos sienten que se vulneró lo que consideran una “institución de esperanza”.
Modus operandi
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó documentos, pruebas electrónicas, testimonios claves y elementos periciales que demostraban cómo se manipuló el sorteo, incluyendo violaciones al protocolo de transmisión televisiva del evento y evidencia de maniobras desde el interior de la institución.
Testigos confirmaron que el sorteo fue realizado de manera fraudulenta, explicaron las maniobras ejecutadas para ocultar la manipulación e incluso detallaron cómo se alteró la transmisión y se impidió al público observar las jugadas con normalidad.
Pérdidas estimadas
Según los fiscales que llevaron el caso, el monto defraudado en perjuicio de la Lotería Nacional y de las bancas de apuestas supera los 500 millones de pesos, lo que representa un golpe considerable a la economía de quienes operan estos juegos y a las arcas públicas.
Tras años de proceso, en primera instancia varios de los acusados admitieron su culpabilidad ante el tribunal, mientras que otros enfrentaron juicios completos basados en las pruebas reunidas por la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa).
El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia, que es el más alto tribunal del país. Esta Corte es la encargada de revisar los recursos de casación, que son solicitudes de revisión de sentencias cuando las partes consideran que hubo errores legales, para asegurar que el proceso judicial se ajustó a la ley.
Al rechazar los recursos presentados por los condenados, la Suprema Corte confirmó definitivamente las condenas, dejando sin efecto las apelaciones y cerrando el proceso en la vía ordinaria.
Las penas
Tras las condenas iniciales y los procesos de apelación, algunos de los implicados en la Operación 13 intentaron que la justicia reconsiderara sus penas. William Lizandro Rosario Ortiz, condenado a cinco años de prisión por soborno a funcionario público y otros delitos relacionados con el fraude en el sorteo de la Lotería Nacional, solicitó que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anulara su sentencia.
De manera similar, Eladio Batista Valerio buscaba revisar su condena, también relacionada con delitos penales establecidos en el Código Penal Dominicano.
Sin embargo, la Segunda Sala de la SCJ rechazó los recursos de casación, acogiendo los argumentos presentados por el Ministerio Público. La decisión confirma que existieron pruebas suficientes que destruyen la presunción de inocencia de los imputados y que las cortes de apelación actuaron correctamente al dictar las condenas.
De modo que, William Lizandro Rosario Ortiz mantiene su condena de cinco años de prisión y deberá pagar las costas penales del proceso.
Mientras que Eladio Batista Valerio fue condenado a tres años, pero su pena se encuentra suspendida condicionalmente, con la advertencia de que cualquier nueva infracción revocará la suspensión y obligará al cumplimiento íntegro de la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Otros condenados, como Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, admitieron los hechos y recibieron penas de cinco años de reclusión, de los cuales algunos serán cumplidos de manera efectiva y otros suspendidos bajo reglas de la justicia dominicana.
Con esta decisión, la Suprema Corte pone fin al proceso judicial en la vía ordinaria, dejando firmes todas las condenas derivadas del fraude en la Lotería Nacional y marcando un precedente sobre cómo se aplicará la ley en casos de corrupción y manipulación de juegos de azar en el país.
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