Una vez pasado el proceso electoral, el Gobierno cruza a una fase de adopción de propuestas entre las que se ha asegurado que sí o sí se debe aplicar una reforma fiscal pendiente en la República Dominicana, cuando la nación se maneja con un presupuesto deficitario y necesita más ingresos.
La reforma fiscal integral fue tema de debate durante la reciente campaña electoral. Faltando un mes para las elecciones, el presidente Luis Abinader dijo en un almuerzo empresarial que, en vez de hacerla en un área específica, se necesita más bien relanzar el país. Anunció que, de ganar las elecciones, “al otro día” llamará “a un gran acuerdo de unidad nacional”.
Porcentaje aproximado del PIB que representa la evasión del Itbis en la República Dominicana.
No obstante, 19 días antes de los comicios afirmó que la reforma fiscal es una tarea pendiente que se debe ejecutar, porque está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, una afirmación con la que coincidió el expresidente Leonel Fernández. La necesidad de implementar dicha ley se plantea cuando el déficit fiscal del Sector Público No Financiero en el presupuesto nacional del 2024 -cuyo financiamiento se traduce en deuda pública- asciende a 229,247.9 millones de pesos, equivalentes al 3.1 % del producto interno bruto (PIB), superando el rango ideal del 1.5 al 2 %.
La última vez que en el país hubo un asomo de someter una reforma fiscal fue en el pandémico 2021, cuando Abinader tenía un año gobernando. Circulaban documentos legítimos con propuestas que desde el 2020 se analizaban a nivel interno de la administración del Estado.
Al hacerse públicas, hubo oposición en la población. La crisis económica que se vivía por la pandemia del COVID-19 fue una de las causas por las que se engavetó.
Sin embargo, la economía dominicana camina por una senda de recuperación. Tras un 2023 en el que solo creció 2.4 %, las proyecciones para este 2024 son halagüeñas: se expandiría en torno a su potencial de 5 %, con una inflación dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %.
Propuestas de 2021 : marbete, refrescos e ISR de 25 a 35%
Entre las propuestas que circularon en el 2021 estaban variar el monto que se paga por el marbete vehicular, establecer un impuesto para las bebidas azucadaras y aumentar de 25 a 35 % el impuesto sobre la renta (ISR) para la escala salarial de mayor ingreso, es decir, con más de 867,123.01 pesos al año.
Además, eliminar la deducción del gasto educativo del ISR y quitar a los legisladores el privilegio de importar vehículos exonerados de impuestos.
También, establecer una sola tasa del 16 % para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados (Itbis), y llevar al 17 % el primer año los bienes actualmente gravados con el 18 %, a 16.5 % el segundo año y 16 % en lo adelante.
Asimismo, incrementar transitoriamente la tasa de ISR a personas jurídicas a 30 % en los tres años siguientes a la aprobación de la reforma, retornando a 27 % al final de ese plazo. También, subir a 5 % el impuesto de venta al mercado local de las empresas de zonas francas. Además, que paguen ISR las indemnizaciones de accidentes de trabajo, preaviso y cesantía también por encima de ese monto salarial.
Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), entidad que también presentó en el 2021 una propuesta de anteproyecto de Ley de Reforma Integral al Código Tributario, indica a Diario Libre que no es necesario crear nuevas figuras impositivas. Todo lo contrario. “Simplificar el sistema eliminando impuestos distorsionadores y reduciendo tasas”, indica.
Agrega que es preciso trabajar con dos figuras impositivas fundamentales, ampliando sus bases a tasas más bajas: el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicio (Itbis).
El talón de Aquiles: la evasión
La reforma fiscal se considera imperativa para una economía con una alta evasión fiscal, que afecta la capacidad recaudatoria de ingresos del Gobierno para financiar servicios públicos esenciales y proyectos de desarrollo. Por esta realidad sectores temen que sea una “penalización” para quienes tributan.
La República Dominicana se destaca por tener una de las tasas más elevadas de América Latina y el Caribe de evasión del impuesto al valor agregado (IVA), equivalente en el país al Itbis.
La evasión del IVA en la nación representa aproximadamente el 4.5 % del PIB y el 36.7 % de la recaudación potencial, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos porcentajes superan el promedio regional, del 2.3 % del PIB y el 27.6 % de la recaudación potencial.
“La evasión fiscal representa una pérdida considerable de ingresos”, para todas las economías que enfrentan esta tendencia, considera la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Subraya que “la evasión es más habitual entre los autónomos que entre los trabajadores por cuenta ajena”.
Factores que influyen para la evasión
En su reciente informe “Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2024”, la Cepal resalta que las numerosas exenciones es uno de los factores que contribuyen al nivel de evasión del Itbis en la República Dominicana.
El país aplica exenciones a una amplia gama de bienes y servicios, incluyendo materiales educativos, medicamentos, servicios de salud, servicios financieros, y equipamiento para energías renovables. “Estas exenciones complican la administración del impuesto y facilitan la evasión”, advierte la Cepal.
Destaca que, a pesar del volumen de evasión fiscal, las autoridades han buscado mecanismos para mejorar el recaudo como la implementación de la facturación electrónica.
“Esta herramienta, que ya se ha adoptado en la mayoría de los países de América Latina, permite un control más riguroso de las transacciones comerciales y una mejor detección de irregularidades”, observa la Cepal en el informe.
En general las reformas fiscales se realizan para aumentar los ingresos del Estado, aunque hay excepciones. Se pueden hacer reformas abordando el tema de varias formas, y subir las tasas impositivas es una de ellas. También, puede abordarse el tema incluyendo más bienes y servicios para ser gravados con impuestos al consumo (generales o selectivos), eliminando incentivos o exenciones, ampliando los ingresos o utilidad que son gravados con impuesto sobre la renta e incluyendo nuevos bienes para ser gravados con un impuesto al patrimonio, además de los inmuebles. Es decir, puede aumentarse tasas o ampliarse la base.
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