A horas de haber sido arrestado en el área de La Parguera en Lajas, Nelson Torres Delgado, alias “El Burro”, tuvo su primera cita ante la justicia en el Tribunal federal en Hato Rey, y se apresta a someter una alegación de no culpabilidad por la decena de cargos que enfrenta, incluyendo narcotráfico y asesinato, confirmó su abogado.
Torres Delgado, quien era uno de los prófugos más buscados en Puerto Rico por las autoridades estatales y federales, fue acusado mediante tres pliegos separados por, presuntamente, conspirar con la intención de distribuir, a gran escala, drogas como cocaína, crack, marihuana y oxicodona y fentanilo, estos últimos ambos opioides sintéticos.
En la vista inicial, celebrada ante el magistrado Marshal Morgan, la defensa de Torres Delgado no sometió alegato oral. Su abogado, Rafael Castro Lang, adelantó a El Nuevo Día que se reuniría con su cliente para entonces someter por escrito la alegación de no culpabilidad.
“En estos casos, la ley requiere que uno repase con el cliente las acusaciones. Como él no conoce el inglés, yo tengo que visitarlo a la cárcel, traducir los pliegos acusatorios y entonces entrar una alegación de no culpabilidad”, dijo. Fuertemente escoltado por agentes federales, Torres Delgado entró a las 2:20 p. m. de este jueves a la sala 5, esposado de pies y manos, y vistiendo una camisa t-shirt, de color blanca, que leía en el centro “Bathing Ape” (un mono bañándose) y un pantalón tipo playero con diseño de camuflaje en distintas tonalidades de azul, según observó El Nuevo Día.
Inmediatamente, Torres Delgado fue aislado en el segundo banquillo del ala derecha de la sala, y tan pronto se sentó, miró detenidamente a todos los presentes. “El Burro”, como se le apoda, no lucía distinto a como se observa en las fotos difundidas por las autoridades para dar con su captura.
Una vez inició la vista, Torres Delgado se colocó unos audífonos para escuchar la traducción al español de la vista inicial ante el magistrado. Sin embargo, tras confrontar problemas para escuchar los procesos, se le oyó decir: “No lo escucho por los audífonos”. Esta fue la única declaración que hizo en sala.
La vista arrancó con un intercambio entre el magistrado y Castro Lang por un “malentendido” que ocurrió más temprano, debido a que un alguacil no le había permitido, inicialmente, poder entrevistar a su cliente.
“Esto no afecta el proceso judicial. Fue que yo lo vine a visitar (a Torres Delgado), yo no lo conozco y entonces un alguacil, que estaba ahí, me dice que el juez dice que tengo que radicar una comparecencia antes de poder hablar con él”, explicó Castro Lang a este medio.
“Yo le dije que eso era imposible porque quien decide quién va a ser el abogado es el cliente. Si yo radico una comparecencia sin haber hablado con el cliente, yo violo los cánones de ética y no podía hacer eso. Yo aprecio mucho al juez, pero dije que si no me dejaban verlo (a mi cliente) iba a radicar una querella”, agregó.
Castro Lang indicó que, “aparentemente, hubo un malentendido” porque al magistrado se le había mencionado otra cosa. “Después, me dieron acceso y tuve dos horas con mi cliente. No hay una controversia. Eso (la controversia) está muerto”, precisó el licenciado.
De acuerdo a los detalles dilucidados en sala, la operación de Torres Delgado se concentraba en los residenciales Brisas de Turabo y Juan Jiménez García en Caguas, Jardines de Cidra, en Cidra, y en Vistas de Jagueyes en Aguas Buenas, entre otros lugares.
Por todos los cargos que enfrenta, “El Burro” se expone a la pena de muerte y cadena perpetua.
Sin embargo, todavía se desconoce si el Departamento de Justicia de Estados Unidos buscará la pena de muerte contra el acusado y presunto cabecilla de una empresa criminal a la que se le atribuyen múltiples asesinatos, incluyendo el de la maestra Margarita Rodríguez Morales, en Caguas, y una masacre frente a un negocio en Cidra.
La organización criminal presuntamente liderada por Torres Delgado en Caguas empleaba un esquema de lavado de dinero de las ganancias generadas por el narcotráfico mediante la compra de casas y carros, según sostiene un pliego acusatorio enmendado emitido por un gran jurado el 21 de agosto del año en curso.
El documento resaltó que, desde el 2017 al presente, ocho coconspiradores, supuestamente, adquirieron seis propiedades con dinero producto del narcotráfico y otras actividades criminales para lavar y esconder las ganancias mediante alquileres a corto plazo.
El pliego añadió, además, que los acusados pagaban los prontos y/o las hipotecas en efectivo, y saldaban en su totalidad las propiedades y automóviles. En varias instancias, los acusados, supuestamente, dejaban el nombre del dueño anterior de las propiedades y/o vehículos para despistar a las autoridades, o usaban dueños fantasma en la documentación.
En total, las autoridades federales tienen bajo custodia, hasta agosto pasado, a 49 presuntos miembros de la ganga de “El Burro”.
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