Un día como hoy muere el expresidente Salvador Jorge Blanco

 

Un día como hoy, 26 de diciembre de 2010, muere José Salvador Omar Jorge Blanco, político, abogado, escritor y Presidente de la República en el periodo 1982–1986, sucediendo a Jacobo Majluta de su propio partido. Fue senador para Santo Domingo entre 1978–1982. Comúnmente llamado Jorge Blanco

Jorge Blanco cursó estudios primarios en la Academia de Santa Ana, de su ciudad natal, y superiores en la Escuela Normal Ulises Francisco Espillat, de la misma localidad. Con posterioridad, en agosto de 1950, se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la que obtuvo el grado de doctor con la tesis La unidad de Jurisdicción analizada en el ejercicio de la acción pública y la acción civil. Prosiguió sus estudios en España, donde alcanzó, en 1951, el doctorado por la Universidad de Madrid con la tesis El asilo político.

A su regreso a la República Dominicana abrió un bufete y se inició en la política activa tras la caída de la dictadura de Trujillo, en 1961, militando en la Unión Cívica Nacional. En 1963, al ser derrocado el Gobierno constitucional que dirigía el presidente Juan Bosch, Jorge Blanco se unió al movimiento surgido en favor del retorno del país a la constitucionalidad.

Ingresó en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1964. Un año más tarde, durante el Gobierno constitucionalista del coronel Francisco Alberto Caamaño Deño, fue procurador general de la República y miembro de la Comisión Negociadora que pactó el cese de hostilidades de la Revolución dominicana en el mes de abril y que culminó en un gobierno provisional. Durante ese período intervino en la redacción del Acta Constitucional y del Acta de Reconciliación Dominicana.

De 1966 a 1973 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del PRD; volvió a esos organismos en 1976. Presidió el PRD entre 1977 y 1979. Formó parte, entre 1975 y 1976, de la Comisión Codificadora que preparó el proyecto de Código de Comercio. En 1978 fue elegido senador y portavoz del PRD por el Distrito Nacional, puesto en el que cesó en 1982.

Como candidato a la Presidencia de su país, la lista que él encabezaba obtuvo el 48 por ciento de los votos en los comicios celebrados el 16 de agosto de 1982. Sucedió en el puesto a Antonio Guzmán Fernández, que se había suicidado el día 4 de julio en el palacio presidencial. Gobernó el país hasta agosto de 1986, momento en que dio paso al gobierno conservador de Joaquín Balaguer.

Una vez finalizado su mandato, el 7 de octubre de 1986 fue acusado de corrupción administrativa y de intervenir en los secuestros y asesinatos del banquero Héctor Méndez y su chófer, así como de los hermanos Patricio y Estanislao de la Cruz Gálvez. El 27 de noviembre de 1988 fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa de 103,2 millones de pesos (algo más de 16 millones de dólares) en concepto de indemnización al Estado. Fue arrestado y trasladado a la cárcel preventiva del Ensanche La Fe.

Nuevamente, el 19 de abril de 1989 comenzó el juicio en el que, por la querella interpuesta por el abogado y político Mariano Vinicio Castillo, se le acusaba de estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza y ventas sobrevaluadas de vehículos y mercancías a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En este juicio también se encontraba en el banquillo de los acusados su último ministro de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Cuervo.

En más de sesenta ocasiones sufrió retrasos el proceso, la mayoría a petición de los acusados. Luego, el 5 de febrero de 1991, ambos acusados renunciaron a sus abogados defensores tras sospechar que la sentencia que se iba a dictar contra ellos estaba «prefabricada», por lo que, como abogados, asumieron su propia defensa. El 18 de junio de 1991 el juicio entró en la fase de debates, y al día siguiente fue ingresado en una clínica privada de la capital tras sufrir una crisis cardíaca durante el juicio.

Finalmente, el 8 de agosto de 1991 el presidente del tribunal de la Séptima Cámara Penal, Juan María Severino Tejada, lo condenó a 20 años de prisión, así como al pago de una multa de 72,6 millones de pesos y a devolver al Estado 24,3 millones de pesos, en total unos 7,6 millones de dólares, por realizar compras a sobreprecio a través del Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.