De acuerdo al expediente de 510 páginas con el cual el Ministerio Público busca que a 15 personas se les imponga prisión preventiva por integrar una supuesta red de tráfico ilegal de haitianos, el grupo delictivo se auxiliaba de una cantidad indeterminada de motoristas para trasladar más rápido a los extranjeros y evadir algunos puntos de chequeos del Ejército Nacional Dominicano.
Según el órgano persecutor, los motorizados buscaban a los nacionales haitianos en la orilla del río Masacre, en la frontera norte, luego eran llevados a las diferentes guarderías y polleras, que eran los espacios utilizados como centros de acogida de los indocumentados y desde ahí los movilizaban a diferentes puntos del país.
El organismo dijo que los motoristas imputados son: Hilario Antonio Gómez Paul (a) Nana, Santo Valerio Contreras (a) Santico, Caco y/o Coco, Anelby Susana Guzmán (a) Chichi, Aquilino y Jesús María Cerda Acosta (a) Moreno.
Para consumar este ilícito era necesaria la participación de miembros del Ejército. El Ministerio Público dijo que a través de interceptaciones telefónicas pudo identificar a cinco militares que colaboraban en la alegada red de trasiego de migrantes.
“La participación, de los miembros del Ejército, sin los cuales esta red no podría consumar el ilícito penal de no haber sido por su colaboración, facilitación del cruce de los puntos de chequeos específicos que tenían como función de regularizar y limitar el tráfico de indocumentados facilitando el tránsito o paso ilegal de los nacionales haitianos con el fin de obtener, directa o indirectamente el beneficio financiero, aprovechado sus funciones como funcionarios estatales”, establece el expediente de solicitud de medida coercitiva.
Los miembros del Ejército imputados son Rafael Zabala Peña, Sandro Liranzo Javier, José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno.
También usaban rutas de autobuses
El organismo dijo que el tráfico de migrantes también salpicó a las rutas de los sindicatos Dajabón-Las Matas de Santa Cruz y Las Matas de Santa Cruz-Mao, a los ciudadanos del vecino país.
Según la investigación del Ministerio Público, Eddy Rafael Cordero Villanueva, conocido como Nelson, era el cabecilla de la presunta red, en conjunto con Osiris Rafael Estévez Fortuna, quien además se encargaba del transporte de indocumentados en autobuses de su propiedad y en autobuses de las rutas Las Matas-Dajabón, utilizando su posición de secretario del sindicato de las rutas de Dajabón y Las Matas de Santa Cruz.
Más imputados
También fue identificado como supuesto cabecilla Leonardo Acosta Cruceta, conocido como Leonelo, cuyo rol, según el Ministerio Público, era asegurar a los haitianos en guarderías hasta que los recogían para ser trasladados a diferentes puntos.
En el caso de Elbio José Castillo Martínez, alias Soco, era el chofer que trasladaba a los haitianos.
La solicitud de medida de coerción describe que los imputados Hilario Antonio Gómez Paul, alias ñaña; Anelby Susaña Guzmán, alias Chichi; Santo Valerio Contreras, alias Santico; Jesús María Cerda Acosta, alias Moreno; Julio César Sosa, alias Coco, y Aquilino Sosa Fernández, se encargaban de buscar a los haitianos al río Masacre en Copey, y trasladarlos en motocicleta a las cuarterías. La imputada Edna Joseph, alias Eva, se encargaba de asegurar a los haitianos en guarderías. Mientras que María Rafaela Batista de Cordero y Anelsy Escarlex Cordero Núñez, contabilizan la cantidad de nacionales haitianos, cobraban y daban acopio, tanto en la guardería como en la pollera, además vigilaban el paso de las autoridades tanto migratorias como del Ejército que no formaban parte de la red.
En cuanto al papel del imputado Expedito Rodríguez, alias Bobole, el Ministerio Público dijo que se encargaba de coordinar y suministrar el transporte privado a los indocumentados, llevándolos y recogiéndoles en las guarderías hasta lugares en distintos destinos del país.
Este viernes 24 de febrero se conocerá la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público contra los 15 imputados en Operación Frontera, a quienes acusa de tráfico ilegal de haitianos y pide declarar el caso complejo. El proceso se lleva en la jurisdicción de Montecristi.
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