La simulación es una muleta frecuentemente empleada por los políticos tradicionales para ocultar sus verdaderas pretensiones. Sin embargo, esta engañosa manipulación pone en evidencia su ineptitud y el trasfondo netamente falaz de sus aspiraciones, proyectando una incuestionable incoherencia ante la población.
La propuesta “Ley de Modernización Fiscal” que recientemente presentó el Ministro de Hacienda, es otro más en una larga lista de artificios de este gobierno, explotado con el fin de continuar su excesivo tren de derroche, facturando así su malgasto principalmente a la clase media, y simultáneamente intentando ocultar su improvisada e imprudente administración de las finanzas del estado.
Sin embargo, este proyecto de ley carece de todo sentido de la modernidad, y mucho menos se puede considerar una reforma fiscal, pues esta disposición conlleva la aplicación de medidas que favorecen la equidad social y garantizan la estabilidad financiera del país. Los remedios contemplados en este proyecto de ley persiguen únicamente engrosar la carga tributaria sobre los hombros del pueblo para aumentar los ingresos del gobierno, y simulando una serie de pautas objetivas con el propósito de aligerar el escrutinio del colectivo.
No obstante, la irresponsabilidad fiscal del gobierno del PRM es precisamente lo que ha provocado lo imperioso de esta reforma monetaria. El histórico nivel de deuda contraída solo en su primer cuatrienio, que hoy compromete el 25% de los recursos del estado sólo en intereses, el incremento en más del 35% a los gastos del estado, entre otros factores más, han reducido drásticamente la capacidad crediticia nacional, colocándonos en una precariedad económica ante la mirada desconfiada de los acreedores que hoy requieren al estado, ensanchar sus ingresos.
El gobierno determinó hace poco la congelación de nuevas contrataciones en el sector público, y entre tanto propone elevar el salario mínimo a RD$15,000.00, pero es importante denotar que solamente en los primeros dos años de su gestión, incrementaron en un 38% el número de empleados del gobierno, alcanzando la cifra histórica de 740,046 activos para el 2022, ocupando así el cuarto lugar entre los países con mayor proporción de empleados públicos en la región: otra evidente irracionalidad que pretenden disimular con su planteada fusión y eliminación de unos pocos ministerios e instituciones, pero sin tantear ni tan siquiera la derogación de las sobredimensionadas “botellas” de la nómina del estado. Un paso hacia la modernidad y la auténtica responsabilidad fiscal del estado fuera la eliminación absoluta del anticipo fiscal, aún por desmonte paulatino, ya que hoy carga injustamente a las empresas nacionales, el peso de un pago por adelantado sobre los ingresos proyectados para el año siguiente. La exención para las microempresas y la tasa reducida esbozada para empresas pequeñas y medianas es un aliciente, pero esta práctica absurda permite al gobierno capitalizarse con recursos “fiados” que al año siguiente, se tienen que justificar.
Otro avance hacia la modernización del sistema fiscal sería la modificación a la Ley de Responsabilidad Fiscal (35-24) de manera que imponga un legítimo criterio de compromiso hacendario, exigiendo que el presupuesto fiscal sea, como mínimo, balanceado, para evitar perpetuar el déficit presupuestario, normalizando el superávit, y poniendo fin al desenfreno de empréstitos que arriesga nuestra soberanía y nos constriñe a enfrentar esta abusiva reforma.
Lo que propone este proyecto de ley es sencillamente acrecer los ingresos de la administración pública para costear el cada vez más elevado presupuesto del estado, sin rasgo alguno de racionalizar el gasto público ni de mejorar la calidad del dispendio estatal, ejes fundamentales de una reforma fiscal generosamente ponderada.
La actualidad económica exige pasos determinantes en apoyo a la productividad nacional, invirtiendo en aquellos sectores que puedan estimular el crecimiento económico por medio de la expansión y diversificación, como la agricultura, la medicina, y la tecnología, induciendo así el crecimiento del PBI, y por ende los ingresos al estado. La reducción a los incentivos destinados a los sectores productivos nacionales que concibe esta reforma, contraviene este empírico principio económico y perpetúa el conformismo del “debo y pagaré.” Igualmente, ampliar la carga tributaria en un momento crítico, donde afrontamos una inminente inestabilidad inflacionaria, y luego de cuatro años consecutivos de incrementos desmedidos al costo de la canasta básica, el combustible, la tarifa energética, y los servicios en general, máxime sin percibir un afán por reducir los gastos gubernamentales, ni una celeridad por enfrentar la exorbitante corrupción, es injusto y extemporáneo.
El exagerado despliegue que emplea el gobierno con una imponente campaña para socializar su “reforma fiscal”, valiéndose incluso, de algunas reconocidas figuras que intentan fundamentar esta paradójica y ofensiva propuesta, manifiesta el afán por justificar este “cambio” de posición, de cara a un presidente y un partido que enfrentaron con dureza los desmanes de la previa administración, y rehusaban categóricamente la colocación de nuevos tributos, los mismos desafueros que hoy abrazan cálidamente. Aparentemente, una cosa es con guitarra, y otra con violín.
No hay comentarios:
Publicar un comentario