Movimiento social ocupó las calles con frecuentes manifestaciones
El 16 de agosto del pasado año, el presidente Danilo Medina fue juramentado en el cargo para un nuevo período de Gobierno, luego de obtener el 61.8 por ciento de los votos en los comicios celebrados tres meses antes, tras los cuales los partidos de oposición denunciaron que el proceso estuvo contaminado por irregularidades.
Las principales denuncias que se hicieron fueron de uso abusivo de los recursos públicos para la promoción de su candidatura durante la campaña.
Tras su instalación para el inicio de su segundo mandato, y en medio de las constantes denuncias de los partidos que fueron derrotados que se agruparon en el llamado Bloque Opositor, comenzó a ganar cuerpo uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina: el de los sobornos de Odebrecht del que no se libró la República Dominicana.
Desde el mes de enero de este año, específicamente el día 22, ciudadanos que denunciaban la corrupción y que pedían el fin de impunidad, comenzaron a movilizarse en torno a lo que denominaron Marcha Verde.
El proceso avanzó a tal punto, que el Ministerio Público sometió a la justicia a 14 personas entre legisladores, políticos y exfuncionarios.
De acuerdo con confesiones de los ejecutivos de Odebrecht a las autoridades brasileñas, la empresa pagó sobornos en República Dominicana por US$92 millones a funcionarios e intermediarios, para la obtención de contratos de obras entre los años 2001 y 2014.
Uno de estos proyectos, el de mayor presupuesto, fue el de la construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina, cuyo proceso de licitación fue denunciado por presuntamente beneficiar a Odebrecht, así como el sobreprecio en el costo de la central termoeléctrica.
El Marcha Verde recorrió varias provincias en demanda del cese de la impunidad y la corrupción.
Dicho colectivo, durante su última manifestación en julio de este año, pidió el sometimiento judicial del propio presidente Danilo Medina y de los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, así como de otros funcionarios de la actual administración.
Los Tres Brazos
Asimismo, en noviembre de 2016, residentes del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, denunciaron a Diario Libre que el consorcio Inversiones Fernández Parache y Asociados – Titulatec estaba vendiendo los solares del sector a quienes residían allí.
La empresa había comprado el barrio con sus habitantes dentro por RD$80 millones a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
La situación obligó al Poder Ejecutivo a designar una comisión encabezada por el consultor jurídico Flavio Darío Espinal, que luego recomendó desconocer la venta y calificó la transacción, como “altamente perjudicial para el Estado”.
Tres muertes por CEA
Otro escándalo de corrupción en este primer año del segundo mandato de Medina fueron las ventas de terrenos por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en San Pedro de Macorís donde tres personas perdieron la vida.
El hecho salió a la luz pública cuando José Rodríguez dio muerte a los locutores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, y posteriormente se suicidó. Según se conoció después, Rodríguez había comprado tres porciones de terreno que luego fueron cedidos a otra persona por el CEA, lo que desencadenó la tragedia.
El caso ameritó la intervención nueva vez del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien rindió un informe en el que se verificaron las irregularidades a lo interno del CEA, y se remitió el caso al Ministerio Público que aún no ha presentado acusados.
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