En la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público entregó ante el Juez de la Instrucción Especial, Francisco Antonio Ortega Polanco, se hace énfasis en el notable incremento patrimonial de los 14 acusados, pero no se especifica cuánto habrían recibido de la empresa Odebrecht, por concepto de sobornos. En la instancia de 336 páginas, refrendada por el procurador General de las República, Jean Alain Rodríguez, se dedican por lo menos 143 páginas a detallar cómo cada uno de los imputados adquirió propiedades e incrementó sus bienes, durante los lapsos en los cuales se desempeñaron como funcionarios públicos.
Sin embargo, en ningún lugar aparece con exactitud cuánto recibieron de Odebrecht o si de verdad fueron sobornados a manos del “Hombre del Maletín”. En el capítulo dedicado al enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado, sólo se reitera la frase: “el imputado tuvo un crecimiento económico insostenible con relación al salario que devengaba” y “es una evidencia del enriquecimiento ilícito”.
La investigación, que lleva aproximadamente seis meses y que contempló el interrogatorio de 35 personas, el allanamiento a la sede de Odebrecht en el país y la firma de un acuerdo entre la empresa y el Estado dominicano, indica que Ángel Rondón habría recibido al menos 101 depósitos desde el año 2007, de parte de la constructora a través de sus cuentas en el extranjero.
En el 2014 recibió más dinero
Los años donde mayor cantidad de dinero recibió fueron 2012, 2013 y 2014. Sólo en éste último, le habrían depositado más de 37 millones de dólares. El año donde recibió menos cantidad de dinero fue el 2007, registrándose en su cuenta cuatro depósitos por un total de US$1,214,848. Las empresas a las cuales se transfería el dinero eran Conamsa, Internacional y Lashan Corp, a través de cuentas en el Meinl Bank Antigua.
En su escrito, el MP explica que de acuerdo a las declaraciones ofrecidas por los ejecutivos de la empresa Marco Antonio Vasconcelos Cruz y Luis Eduardo Da Rocha, el dinero de Odebrecht era entregado a Ángel Rondón Rijo y éste a su vez lo distribuía entre los funcionarios dominicanos para influir en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos.
De los funcionarios imputados, el que más habría incrementado su patrimonio, según se detalla en la solicitud, es el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa.
Delitos que se les imputan
Los 14 implicados son acusados de asociación de malhechores y de formar parte de una estructura dedicada al soborno y al lavado de activos; sin embargo, en el caso del empresario Ángel Rondón Rijo, éste es señalado de haber sobornado a funcionarios y legisladores y de adquirir fondos producto de esta actividad para su enriquecimiento. También es acusado de lavado de activos.
Mientras que Juan Roberto Rodríguez, César Domínguez Sánchez Torres, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leonidas De Óleo Ramírez, Ramón Radhamés Segura, Porfirio Andrés Bautista García, Alfredo Pacheco Osoria, Tommy Galán, Juan Temístocles Montás, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pitttaluga, Julio César Valentín Jiminián y Ruddy González son imputados de aceptar soborno, coalición de funcionarios, falsedad, prevaricación, desfalco, concusión, lavado de activos y de mentir en su declaración jurada de patrimonio.
A Roberto Rodríguez, en su condición de director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados en el período 2002-2004, se acusa de aceptar sumas de dinero en soborno por parte de Ángel Rondón para la contratación y ejecución de las adendas I y II de la Construcción del Acueducto de la Línea Noroeste y de asociarse para violentar las leyes con los coimputados Porfirio Andrés Bautista García y Alfredo Pacheco Osoria.
Como administrador General de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) del 2000 al 2004, César Sánchez habría recibido sobornos junto al director técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Bernardo Antonio Castellanos de Moya, y el administrador de la EGEHID, Máximo Leonidas De Óleo Ramírez, para la contratación de la Hidroeléctrica Pinalito.
Ramón Radhamés Segura, en su calidad de vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE de 2004 a 2009, es señalado de recibir sobornos para la contratación y ejecución de la Hidroeléctrica Pinalito y la contratación de la Hidroeléctrica Palomino, de desviar fondos para la Secretaría de Obras Públicas y de asociarse con Víctor Díaz Rúa para violentar las leyes.
Porfirio Andrés Bautista García, en su condición de presidente del Senado entre los años 2001 y 2006, es imputado de recibir sobornos para la aprobación del financiamiento del Acueducto de la Línea Noroeste, incluida su ampliación, y la Hidroeléctrica de Pinalito.
Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, del 2003 al 2006, habría aceptado sobornos para la aprobación del financiamiento de la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste y las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino.
Tommy Galán, en calidad de presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, es señalado de recibir soborno para viabilizar la aprobación del financiamiento para el Acueducto de Samaná, Autopista del Coral, Corredor Duarte, Carretera Casabito, Carretera Río Jarabacoa y el Corredor Duarte II.
Juan Temístocles Montás, en calidad de Secretario Técnico de la Presidencia y ministro de Economía de 2004 a 2016, habría aceptado soborno para viabilizar el financiamiento de la Hidroeléctrica Palomino, Acueducto de Samaná, Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera Casabito, Carretera Río Jarabacoa y Corredor Duarte II.
Víctor Díaz Rúa figura en el expediente en calidad de director del Inapa y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por presuntamente haber recibido soborno para la contratación y ejecución del cierre del Acueducto de la Línea Noroeste, Ampliación de la Línea Noroeste, Acueducto de Samaná, Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera Casabito, Carretera Río Jarabacoa, Corredor Duarte II y de asociarse con Ramón Radhamés Segura para violentar la Ley Sobre Compras y Contrataciones.
Conrado Enrique Pittaluga es acusado se asociarse con Víctor Díaz Rúa y de recibir soborno para la construcción de la Autopista de Coral.
Finalmente, Julio César Valentín, en calidad de presidente de la Cámara de Diputados y senador y Ruddy González, en calidad de diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, son imputados de recibir soborno, pero no se especifica para qué.
Peligro de fuga
El MP solicita para los imputados, prisión preventiva de 18 meses y la declaratoria de complejidad del caso. En cuanto a la declaratoria de complejidad, resalta que por la pluralidad de los hechos (al menos ocho delitos), la pluralidad de los imputados, la pluralidad de los elementos probatorios y la acciones ilícitas que investigan, las cuales estarían asociadas a estructuras criminales de naturaleza grave, se hace necesario un mayor lapso para fortalecer la investigación.
Además, fundamenta su solicitud de prisión preventiva en el hecho de que, tal y como lo establece el artículo 227 del Código Procesal Penal, podrían existir elementos de prueba suficientes para sostener que los imputados son con probabilidad autores o cómplices de una infracción y se presume la existencia peligro de fuga.
“En el presente caso, no sólo se dan las circunstancias previstas en la norma procesal citada, sino que por la gravedad de los hechos atribuidos a los imputados, por las condiciones personales de éstos, por la facilidad de trasladarse o desplazarse fuera del país, por la posición que han ocupado en las instituciones públicas donde acontecieron los hechos, son supuestos fácticos que hacen presumir que le servirán como herramientas útiles para mantenerse ocultos”, señala el documento.
¿Quiénes pretenden beneficiarse del acuerdo?
El 16 de marzo, el MP y Odebrecht suscribieron un Acuerdo Reformulado, en el cual la empresa se compromete a cooperar con la investigación, identificar a los funcionarios públicos sobornados y a colaborar con el suministro de todo lo que sea requerido por las autoridades dominicanas para esclarecer los hechos. Por su parte, Odebrecht logró la extinción penal de la empresa, sus sucursales, subsidiarias, personas jurídicas de su grupo económico, accionistas, directores, gerentes y empleados directos. En el artículo 8 del referido acuerdo al único gerente que se excluye del beneficio de la extinción penal es Ángel Rondón Rijo. Tomando en consideración esta situación, posiblemente dos personas que están en el expediente podrían aparecer como directivos de Odebrecht en RD y con ello pretenderían ampararse en el acuerdo para evitar ser llevados a juicio.
- See more at: http://www.elcaribe.com.do/2017/06/02/relaciona-patrimonio-los-imputados-con-sobornos-odebrecht#sthash.WVAgYARl.dpuf
No hay comentarios:
Publicar un comentario