Las autoridades chinas anunciaron este sábado una mayor relajación de las restricciones contra el COVID-19, por lo cual las ciudades principales como Shenzhen y Beijing dejarán de requerir pruebas negativas para tomar el transporte público.
La ligera relajación de los requisitos de prueba se produce a pesar de que las infecciones diarias del coronavirus alcanzan niveles casi récord y después de las protestas del fin de semana pasado en todo el país, de residentes molestos y cansados con las rígidas restricciones antivirus de una pandemia que ahora están entrando en su cuarto año, mientras el resto del mundo ha levantado las medidas preventivas.
El centro de manufactura tecnológica del sur de Shenzhen anunció el sábado que los usuarios ya no necesitarán mostrar un resultado negativo en la prueba del COVID-19 para utilizar el transporte público o al entrar en farmacias, parques y atracciones turísticas.
Mientras tanto, las autoridades en Beijing informaron el viernes que ya tampoco se requerirán pruebas para el transporte público a partir del lunes. Sin embargo, todavía se requerirá un resultado negativo obtenido en las últimas 48 horas para ingresar a lugares como centros comerciales, que han reabierto gradualmente con muchos restaurantes y cafeterías que brindan servicios de comida para llevar. El requisito ha provocado quejas de algunos residentes de Beijing de que, a pesar de que la ciudad ha cerrado muchos centros de pruebas de COVID-19, la mayoría de los lugares públicos aún las requieren.
El gobierno reportó 33,018 infecciones dentro del país en las últimas 24 horas, incluidas 29,085 sin síntomas.
A medida que el resto del mundo ha aprendido a vivir con el virus, China sigue siendo la única nación importante que aún se apega a una estrategia de "cero COVID" que tiene como objetivo aislar a todas las personas infectadas. La política, que ha estado vigente desde que comenzó la pandemia, condujo a encierros rápidos y pruebas masivas en todo el país.
China aún impone una cuarentena obligatoria para los viajeros que ingresan al país, incluso cuando sus números de infección son bajos en comparación con su población de 1.400 millones.
Las manifestaciones recientes, las más grandes y amplias en décadas, estallaron el 25 de noviembre después de que un incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad noroccidental de Urumqi mató al menos a 10 personas. Eso desencadenó preguntas airadas en redes sociales sobre si los bomberos o las víctimas que intentaban escapar se hallaron atrapados por puertas cerradas u otros controles antivirus. Las autoridades negaron eso, pero las muertes se convirtieron en un foco de frustración pública.
El país vio varios días de protestas en ciudades como Shanghái y Beijing, con manifestantes exigiendo una relajación de las restricciones por el COVID-19. Algunos exigieron la renuncia del presidente chino, Xi Jinping, una muestra extraordinaria de disidencia pública en una sociedad sobre la que el gobernante Partido Comunista ejerce un control casi total.
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