La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) condenó este sábado la decisión que favoreció con un auto de no a lugar al alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón y otras tres personas, sobre las cuales pesaban serias acusaciones por el desfalco de 400 millones de pesos en ese cabildo.
Iindicó que referidas acusaciones fueron sustentadas por el Ministerio Público con diversos elementos probatorios y auditorías de la Cámara de Cuentas, además de otros querellantes y actores civiles, incluyendo a varios regidores y
a la Fundación Justicia y Transparencia.
El presidente de la fundación, Trajano Potentini, dijo que la entidad apelará referida sentencia.
El jurista recordó que las acusaciones que implicaban a Rodríguez Grullón y otros imputados, incluían el desfalco, robo, falsificación de documentos, asociación de malhechores, entre otras imputaciones tipificadas en los artículos 123, 145, 147, 150, 151, 266, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís.
Potentini explicó en un comunicado que ya había externado su queja por el derrotero que se observaba en el juicio, sobre todo con la decisión arbitraríadel Juez Instructor Víctor Mejía Lebrón, al obligar a las tres entidades querellantes a unificar su acusación y limitar sus abogados representantes a solo dos, en una acción violatoria a la constitución y una especie de crónica de una sentencia anunciada.
Para la entidad de sociedad civil la sentencia del juez Mejía, constituye un revés y un precedente funesto para la lucha contra la corrupción, tras anunciar que apelara la decisión, haciendo valer sus alegatos en todas las instancias y vías posibles, reclamando que de conformidad con la constitución y el código procesal, este caso se lleve hasta el final.
Sobre el caso del Senador Félix Bautista
Asimismo la FJT al referirse al caso del senador Félix Bautista consideró que al margen de los derechos y de la presunción de inocencia que acompaña a todo imputado y de la monumental sentencia de más de 600 páginas, lo conveniente para la justicia, la lucha contra la corrupción y hasta para el propio senador, hubiese sido que se avocaran a juicio de fondo, donde se le diera mayor profundidad y discusión a las imputaciones, contribuyendo así a una justicia libre de tantos cuestionamientos.
En suma, la entidad cree que ambas decisiones dejan un sabor amargo en la sociedad dominicana, además de perder la Justicia Dominicana la oportunidad de profundizar y ampliar las investigaciones en tan emblemáticos casos.
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