Hacen ya tres años desde que estalló uno de los escándalos más grandes a lo interno del Poder Judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia anunció en rueda de prensa que una jueza le confesó haber aceptado dinero para poner en libertad a un exregidor acusado de sicariato y lavado de activos.
El 23 de noviembre del 2015, Mariano Germán Mejía, luego de que el procurador general de la República anunciara al país la investigación a una supuesta red de jueces que negociaban sentencias en favor de personas vinculadas al crimen organizado, dijo que la entonces jueza de la cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, le presentó pruebas.
El proceso por el cual se impuso prisión domiciliaria a Reyes Beltré y al exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, quien supuestamente le dio los RD$350 mil a la jueza, está en un limbo jurídico a pesar de que desde hace dos años y ocho meses la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) se solicitó auto de apertura a juicio por soborno y asociación de malhechores.
Arias Valera, entonces representante de los jueces de primera instancia en el Consejo, recusó en junio de este año a todos los jueces del Distrito Nacional y pidió que el expediente sea enviado a otra jurisdicción. A la fecha, la Suprema Corte de Justicia no ha conocido el expediente.
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