Washington, 17 abr (EFE).- La de Política Nacional del presidente Barack Obama, Cecilia Muñoz, presentó hoy el nuevo Plan Estratégico Federal sobre Integración de Inmigrantes y Refugiados, una iniciativa de la Casa Blanca para ayudar a convertirse en estadounidenses a 8,8 millones de residentes permanentes en el país.
"El presidente nos ha dado un plazo porque está ansioso por ver lo que podemos conseguir", dijo Muñoz ante un foro de expertos en inmigración en Washington, en referencia a la implementación de este plan, cuya aplicación
se examinará a finales de 2015.
El plan, que cuenta con la colaboración de múltiples instituciones del Gobierno, se centra en aspectos como el fortalecimiento de las vías para la naturalización y la participación ciudadana, la promoción del desarrollo de habilidades y negocios, y la integración lingüística.
El sentido de la urgencia ha marcado la conversación en la sede del Migration Policy Institute (MPI), una organización integrada por algunos directores del difunto Servicio Nacional de Inmigración, en anteriores Administraciones.
"No sé qué posibilidad hay de que se aprueben leyes de inmigración", señaló Felicia Escobar, asistente especial del presidente Obama sobre Políticas de Inmigración y, según los presentes, la principal artífice de este nuevo plan.
"Este año se cumple el 50 aniversario de la ley de inmigración de 1965", agregó Escobar con respecto a la histórica ley que eliminó las anteriores cuotas por nacionalidades e instauró la igualdad de derechos entre todos los inmigrantes.
De hecho, la intención declarada de la Casa Blanca es cambiar el lenguaje de la política de inmigración y promover al máximo el concepto de integración.
La conferencia coincidió hoy con la vista en un tribunal de apelaciones de Nueva Orlean en la que los abogados del Departamento de Justicia presentaron sus argumentos para desbloquear las medidas ejecutivas decretadas en noviembre pasado por Obama y paralizadas por el juez texano Andrew Hanen a mediados de febrero.
Uno de los principales objetivos de esas medidas ejecutivas era ofrecer una alternativa legal a casi cinco millones de inmigrantes en situación irregular, y este plan de integración se centra en sus aspectos aplicables mientras se resuelve la paralización judicial.
El plan facilitará el proceso de adquisición de la ciudadanía a los casi nueve millones de inmigrantes con derecho a solicitarla, y podría saldarse con millones de nuevos votantes antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.
"Vamos a realizar una campaña de sensibilización y presentar el informe en las comunidades", dijo Felicia Escobar.
Otro de los aspectos subrayados del plan son las numerosas medidas para la enseñanza del inglés y la falta de integración lingüística, que puede constituir un obstáculo para la obtención de la ciudadanía.
"Hasta ahora solo se está cubriendo alrededor del 5 % de la necesidad", dijo Margie McHugh, directora del Centro Nacional sobre Políticas de Integración de Inmigrantes dentro del MPI, acerca del dominio del inglés por inmigrantes y refugiados.
Las instituciones federales van a ejecutar el Plan de Integración de Inmigrantes a marchas aceleradas, con la colaboración de organizaciones no gubernamentales y algunas grandes ciudades, pero sin consultar a gobiernos estatales y locales, lo que podría generar nuevos obstáculos para las medidas migratorias de Obama.
Batalla legal sobre medidas migratorias de Obama llega a corte de apelaciones
La batalla legal por las medidas migratorias del presidente de EE.UU., Barack Obama, se traslado hoy a una corte de apelaciones de Nueva Orleans, donde el Gobierno defendió su competencia para regular a 5 millones de indocumentados, mientras una coalición de 26 estados dijo que es un abuso de poder.
Durante dos horas, abogados de las dos partes expusieron sus argumentos en la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), ante la que el Gobierno interpuso a finales de marzo un recurso para eliminar el bloqueo temporal que pesa sobre las medidas migratorias.
Firmes en su argumento, los representantes del Gobierno pidieron al tribunal que elimine la medida cautelar dictada en febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen, quien paralizó todo el proceso a apenas unas horas de la apertura de solicitudes para el alivio migratorio, explicó a Efe un portavoz del Departamento de Justicia.
En el recurso que interpuso ante Nueva Orleans y que hoy defendió, el Gobierno argumenta que tiene autoridad única para hacer cumplir las leyes de inmigración y utilizar sus recursos para los procesos de deportación, incluidos los aplazamientos de los casos de ciertos inmigrantes, como los que no suponen una amenaza para la seguridad.
En desacuerdo con los argumentos del Gobierno se mostró el fiscal general de Texas, Ken Paxton, encargado de representar a la coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, que alegan que Obama se extralimitó en sus poderes al aprobar el conjunto de medidas migratorias.
"En el centro mismo de nuestra república se encuentra la separación de poderes, que permite evitar la supremacía de una rama del poder sobre otra e impulsa el equilibrio de poderes en beneficio de los ciudadanos a los que sirve", argumentó durante la audiencia Paxton, según un comunicado de su oficina.
Para el fiscal general texano, el Ejecutivo está obligado a respetar el principio fundacional de la separación de poderes y "no puede simplemente crear leyes de forma unilateral", como a su juicio hizo al tratar de "amnistiar" a 5 de los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
Para pedir la suspensión de las medidas anunciadas por el presidente el pasado noviembre, los estados argumentaron que sufrirán grandes perjuicios económicos, pero el Departamento de Justicia estadounidense ha asegurado en varias ocasiones que esos estados aún no han podido demostrar esta alegación.
Al final de la sesión de hoy, el tribunal no se pronunció sobre si acepta o rechaza la petición del Gobierno para levantar la suspensión de las medidas migratorias, decretada por el juez de Texas.
Si la corte de apelaciones rechaza el recurso del Gobierno, el caso podría llegar a la Corte Suprema, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
Los argumentos del Gobierno recibieron la semana pasada el apoyo de congresistas, ayuntamientos, gobiernos estatales, estudiantes y hasta expertos legales que se unieron para firmar y presentar diversos recursos ante la Corte de Nueva Orleans. EFE
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Autor: Juan Luis Guillén
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