Fue en cumplimiento a una solicitud de extradición hecha por la Procuraduría General de la República que las autoridades de Estados Unidos apresaron ayer en Massachusetts a un dominicano acusado de matar, decapitar y descuartizar a su esposa cuyo cuerpo fue encontrado en el 2010 en el río Haina.
Daniel Emilio Frías Segura, quien era buscado por el asesinato de su esposa Fanny Sánchez Pinales, se encuentra preso en una cárcel de Massachusetts a la espera de que las autoridades de ese estado procesen el pedido de extradición que en su contra hizo en el 2010 la Procuraduría General de la República.
Las autoridades estiman que Frías Segura salió del país con destino hacia Puerto Rico luego de estrangular a su esposa y tirar su cadáver descuartizado al río Haina, hecho que habría cometido en momentos en que ella trataba de divorciarse de él.
Sánchez Pinales, de 26 años, fue estrangulada, decapitada y descuartizada y se calcula que Frías Segura huyó a Puerto Rico un día después de que el torso de su esposa fuera hallado en el río Haina.
Según las autoridades, Frías Segura se habría presentado el 7 de abril de 2010 a la residencia de su separada esposa, en la calle Juan Erazo 56, de Villa Juana, desde donde partieron en una una yipeta.
Al día siguiente el torso de la mujer fue hallado en el río Haina, mientras que el viernes 9 de abril de ese año, el comerciante partió hacia Puerto Rico.
De acuerdo al informe policial, en la yipeta de Frías Segura se hallaron cabellos y sangre de su ex esposa, lo que indicó la evidencia de su participación en la desaparición y muerte de Sánchez Pinales, a quien él presuntamente acosaba por motivos de celos.
En ese año del crimen, 2010, Fabiana Pinales, madre de la víctima, rogó a la entonces precandidata presidencial del PLD, Margarita Cedeño de Fernández, para que intercediera en el caso y diligenciara ante las autoridades la extradición del matador de su hija.
Cedeño de Fernández se comprometió a no descansar hasta hasta que el responsable de la muerte de su hija fuera apresado y sometido a la justicia para que responda por el hecho.
El caso presenta un conflicto de jurisdicción, en vista de que expertos en la materia opinan que pertenece a la provincia de San Cristóbal y otros al Distrito Nacional.
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