La delegación dominicana que participa en la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en la provincia Salta, en Argentina, denunció este sábado en el órgano los peligros que enfrenta la prensa dominicana con la aprobación de leyes que limitan y condicionan el ejercicio periodístico, al igual que la libertad de expresión de los ciudadanos.
Durante su ponencia, Miguel Franjul, vicepresidente de Libertad de Prensa del organismo para la República Dominicana, dijo que la recién promulgada Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas “incuba limitaciones” al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, e igualmente, otro proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional, cuyo objetivo es “imponer porcentajes y tarifas a la publicidad en los medios de comunicación”. Dijo que ambas iniciativas “han despertado las alarmas en la prensa independiente”.
Expresó que ambas iniciativas se suman al proyecto de Ley de Medios de Comunicación, el cual está bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso.
Al explicar como lesionaría la prensa la ley 33-18, dijo que la misma va más allá de su propósito “original de regular la Constitución y los partidos políticos, pues castiga con penas de multas y prisión la "difusión de mensajes negativos, a través de las redes sociales, que empañen la imagen de los candidatos". (44 numeral 6)
“Esta ley se apoya en artículos de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, pero contradice principios sobre libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información pública”, adujo.
Añadió que ya ha sido presentado un recurso de inconstitucionalidad para anular esta parte de la referida ley, bajo el argumento de que en una campaña electoral la ciudadanía tiene derecho a obtener información sobre los candidatos, lo que garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas y fortalecer la democracia. Además de que existen en el Código Penal y en otras disposiciones, normas que regulan la difamación y la injuria.
“La ley abre campo a infinidad de supuestos para tipificar o calificar una expresión sobre un candidato o para medir el grado de daño a la imagen de este, ya que ninguno de estos calificativos guarda relación con la veracidad de la información o invaden el ámbito de la privacidad. Con esto se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la información de una red social sea pasible a penas de prisión de hasta dos años, más multas”, expuso Franjul.
Acciones en el Congreso
Por otro lado, Franjul indicó que la Sociedad Dominicana de Diarios llevó al Congreso Nacional sus objeciones a la aprobación de una Ley General de Publicidad que fijaría porcentajes, comisiones y tarifas a los avisos publicitarios que insertan los medios impresos, abriendo el camino a la intervención directa del Estado en la intermediación y en los marcos de negociaciones y fórmulas entre clientes y medios.
“La organización ha dicho que esta ley colisionaría con otras vigentes y podría generar conflicto y convertirse en una camisa de fuerza que limitaría las estrategias publicitarias en el sector privado”, detalló.
Y agregó que la prensa mantiene su oposición a la aprobación de varios artículos del proyecto de Ley de Medios de Comunicación que establecen penas de prisión para algunos "delitos de palabra" o disposiciones que obligarían a los periodistas a informar a las autoridades sobre planes o actos subversivos del que tuvieren conocimiento y a identificar a los probables implicados, so pena de ser considerados cómplices de esos actos ilícitos.
“Los diarios presentaron un borrador de su propuesta ante una comisión bicameral del Congreso para limitar los agravios a la libertad de prensa”, expuso.
Igualmente, planteó que el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) sometió ante el Senado un proyecto que modifica la Ley 10-91, que crea a esa institución, que procura, entre otras cosas, regular el ejercicio del periodismo, los cargos que deben ser ejercidos por periodistas en los medios, las atribuciones del CDP y los requisitos para ser miembros de la institución
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