Desde hace más de una década ha existido el interés de reciclar la fortaleza San Luis en Santiago, en tanto espacio fundacional de la ciudad luego del terremoto de 1562.
Su declaratoria como Patrimonio Nacional mediante decreto No. 172-91, del 29 de abril de 1991 daría inicio a ese proceso
, el cual tendría su punto de arranque con la restauración del reloj de su torre en 1995 por parte de la desaparecida Comisión del Centro Histórico, Monumentos y Sitios de Santiago, con el auspicio de Empresas León Jimenes.
Un segundo paso en esta orientación fue el decreto núm. 480-97, del 14 de noviembre de 1997, por el cual se ordenó el traslado de la hoy Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, que tenía su asiento en el fuerte, a la base en la que operaba el Comando Norte de la Fuerza Aérea, en la avenida Bartolomé Colón.
Desalojada la Policía, en 2001, por decreto núm. 1063-01, el Poder Ejecutivo otorgó a la empresa Colopark una concesión por treinta años para desarrollar y administrar parqueos en ese recinto histórico.
El 18 de marzo de ese año, el Administrador General de Bienes Nacionales, en representación del Estado, firmó el correspondiente contrato con dicha empresa para la construcción, en una primera etapa, de mil cien parqueos en el viejo fuerte a un costo de 85 millones de pesos.
Aunque el proyecto elaborado con ese propósito fue presentado a fines de 2001 en un acto público celebrado en la misma fortaleza, encabezado por el presidente de la República, eso no pasó de ser un planteamiento más en la serie de propuestas para su puesta en valor y al mismo tiempo, para conjurar la destrucción del patrimonio del Centro Histórico y disminuir la escasez de parqueos en su perímetro, pues la empresa favorecida con la medida presidencial nunca dio inicio a la construcción de los estacionamientos.
Por decreto 730-03, del 6 de agosto de 2003, el Poder Ejecutivo modificó el decreto 1063-01, del 23 de octubre de 2001, y concesionó a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) la construcción, operación, explotación y administración de un edificio de estacionamientos en la fortaleza San Luis de Santiago, despojando así de dicha concesión a la empresa Colopark, beneficiada por el decreto de 2001.
No obstante, el 16 de diciembre de 2004, por decreto 1557-04, la autorización otorgada para la concesión a la ACIS fue derogada y se designó una comisión para la conservación, preservación y puesta en valor de la fortaleza San Luis.
La comisión, integrada por el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), que ostenta su presidencia; el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la ciudad y el municipio de Santiago (CDES), el alcalde municipal, el gobernador de la provincia de Santiago, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la PUCMM, la Dirección de Patrimonio Monumental, la Asociación de Tiendas de Santiago (Asotisa), la Asociación para el Desarrollo de Santiago (Apedi) y la propia Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en catorce años de existencia, no se ha instalado ni reunido nunca y aunque la autorización de concesión a la ACIS fue derogada no fue rescindido el contrato de concesión, aspecto al que la ACIS se aferra para condicionar y permitir cualquier intervención en el monumento.
Vale recordar, no obstante, que desde 2010 el art. 64, numeral 4, de la Constitución dispone que los bienes del patrimonio cultural de la Nación, cuya propiedad sea estatal, son inalienables, lo que nos remite a su consideración como bienes de dominio público y a su intrasmisibilidad a terceros.
Desde 2004, la Segunda Región Militar del Ejército Nacional tomó posesión del inmueble, interviniendo sus elementos fundamentales, con miras a resaltar su atractivo.
En 2005, con el auspicio de la empresa Cementos Cibao y el soporte del general Gustavo Jorge García, inauguró el “Museo Cultural Fortaleza San Luis”, gestado por un patronato que ha favorecido la animación cultural del espacio. En la actualidad, el Ministerio de Defensa rige la fortaleza, con conciencia de sus valores históricos y culturales.
Los reclamos de intervención para la rehabilitación y potenciación de la fortaleza como destino turístico son constantes, pero han caído en un limbo en el que se sobreponen intereses encontrados por su gestión.
Es de esperar que el Ministerio de Cultura, instancia competente para preservar el patrimonio cultural tangible de la nación (art.5, literal b, Ley núm. 41-00), así como para fomentar su protección, conservación, rehabilitación y divulgación (art. 44 Ley núm. 41-00), muestre alguna vez interés por la fortaleza y que la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental asuma en algún momento su rol de realizar, coordinar y ejecutar las iniciativas y planes que correspondan para la puesta en valor de esta valiosa pieza del Patrimonio Monumental de la Nación
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