Ante la ola de críticas de amplios sectores del acontecer nacional sobre las declaraciones del primer mandatario sobre el auge de la criminalidad, el narcotráfico y el crimen organizado en el país, nos proponemos desarrollar un breve análisis apoyados en hechos que han pasado en las instituciones bajo el mando de la autoridad suprema, y que por mal asesoramiento de sus colaboradores en quienes ha delegado esas funciones, no así la responsabilidad, continúa siendo el “talón de Aquiles” de su gobierno.
Es preciso aclarar que, desde la honrosa trinchera del retiro y bajo la plataforma del Círculo Delta no asumimos posturas opositoras al gobierno de turno, pues ya hemos dejado claro que somos apolíticos, por lo que simplemente hacemos un ejercicio de democracia, siendo críticos mediante aportes académicos constructivos en base a nuestras experiencias de Estado de más de 30 años y haber ocupado las máximas posiciones de la seguridad y defensa nacional, precisamente para que los tomadores de decisiones dentro del gobierno no cometan los mismos errores de siempre y puedan dar solución efectiva a las demandas de una sociedad cada vez más aterrorizada e insegura, pues a la luz de la opinión pública, estos tomadores de decisiones lucen confusos cuando formulan sus planes de seguridad pública. Es en este punto que nos permitimos hacer las siguientes ponderaciones.
Inicio del problema:
Entendemos que la situación empeoró con el desmantelamiento del bien estructurado y exitoso “PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA” que había sido elaborado bajo la supervisión de expertos extranjeros, obviando al parecer la consigna de campaña de “continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”, y poniendo asimismo el manejo de este delicado problema en manos de burócratas de escritorios y teóricos inexpertos que carecían de la experticia necesaria para hacer frente a las delicadas tareas de rediseñar las políticas de seguridad pública en vez de darle continuidad al que ya se venía ejecutando con acierto, pudiendo en todo caso “corregir lo que estaba mal”.
Panorama de la seguridad ciudadana entregado en 2012:
Para apoyar nuestras afirmaciones, invito a buscar los datos que reposan en el “Observatorio de Seguridad Ciudadana” donde los estudios realizados por sus expertos certifican que los tres años de nuestra gestión al frente de la Jefatura de la Policía Nacional (2007-2010) han sido los años de menor victimización.
Para el 17 de junio del año 2008, de acuerdo a la prestigiosa consultora internacional “Mercer” publicada por la revista América y Economía y citada por la cadena de televisión CNN, aparecía Santo Domingo como la ciudad más segura de América Latina por primera vez en los últimos 15 años. (Ver el link)
En el 2010, el Ing. Lisandro Macarrulla, expresidente del CONEP, hizo reconocimiento público por los logros en el sector turístico al tener un año con “tasa CERO” de robos y atracos a turistas y terminales de cruceros en todo el país, y la encuestadora Gallup del 2010 señaló que la inseguridad ciudadana estaba desplazada al 6to. lugar.
Musculatura operacional entregada en el 2012:
Con el propósito de obtener una mayor sinergia operacional entre las FFAA-PN-DNCD se conformó una unidad élite de reacción rápida acantonada en el Campamento Duarte PN, la cual estaba a disposición de una llamada del presidente de la DNCD en apoyo a sus unidades élites de la URT, teniendo la capacidad operacional de cubrir en menos de una hora todos los puntos estratégicos terrestres del país. Sistema que continuó fortaleciendo mi sucesor en la Policía, y que luego fue desmantelada por los “expertos”.
Los servicios de inteligencia de la Policía estaban exclusivamente dedicados a perseguir a las organizaciones criminales y en apoyo a la DNCD, utilizando el mapeo delictivo para luego ser aplicado en operaciones policiales focalizadas. En la actualidad, esos servicios de inteligencia parecen estar manejados desde las “alturas” para espionaje político e intersecciones telefónicas a oficiales retirados como si fueran estos “sujetos peligrosos” que tienen la intención y el potencial de atentar contra la seguridad nacional.
De este modo empezó el combate frontal contra el narcotráfico, el crimen organizado y demás delitos conexos, los cuales fueron enfrentados con la mayor energía gracias al apoyo irrestricto con el presidente de la Nación a la cabeza, y con la gran cooperación conjunta interinstitucional se eliminaron las violaciones al espacio aéreo dominicano de vuelos ilícitos cargados de drogas, de más de 160 trazas anuales a “CERO”, impidiendo de esta manera la “lluvia” de aproximadamente 80,000 kilos de cocaína anuales sobre el territorio nacional.
A fin de fortalecerlas, esas operaciones eran supervisadas con la cooperación de la DEA, para certificar la escrupulosidad e integridad de las mismas. Cooperación sin precedentes, en la cual la DEA sextuplicó su personal de apoyo y envió un avión no tripulado (DRONE) para vigilar el espacio aéreo y marítimo.
Punto de inflexión de la seguridad ciudadana:
Según nuestro punto de vista, con la destitución de los generales Polanco Gómez y Rosado Mateo el 25 de junio del 2013 empezó el punto de inflexión del progresivo avance del narcotráfico, crimen organizado, la criminalidad y la corrupción institucional.
Con el relevo de mi sucesor de la jefatura policial por una mal “asesoría” de ciertos colaboradores del Presidente de la República, pusieron “la iglesia en manos de Lutero”, ya que no solo fueron desmanteladas las unidades élites antes señaladas, sino que el staff de oficiales del alto mando elegidos era altamente cuestionable, tanto así, que nombró su oficial de más confianza en la Dirección Central Antinarcóticos, quien escenificó el caso de corrupción más escandaloso de América Latina, con la desaparición en medio de una operación policial de 950 kilos de drogas y luego vendidos a narcotraficantes, caso que debió ser competencia exclusiva de la DNCD.
Como sabemos, ese caso solo llegó hasta el coronel del DICAN, pero no se llegó hasta las “últimas” consecuencias, pues faltaron los “pejes más gordos”. ¿Acaso se pretende creer que la DEA, FBI y CIA no saben todo eso?
Otro de los tantos casos de corrupción que empezaron a brotar fue en la Dirección Central de Recursos Humanos de la PN, cuyo director convirtió esa entidad en un verdadero mercado de compra y venta de ascensos y puestos de mando. Ese oficial aun permanece activo en un elevado cargo de la institución a la que tanto daño hizo.
Mientras tanto, en la DNCD también degradaron las unidades élites del DITIS y URT, además de despojarlas de sus aeronaves y lanchas propias que les dotaba de una rápida, efectiva y oportuna reacción de interdicción de cargamentos de drogas. Luego fueron aislando a la DEA y buscando la cooperación de otras agencias europeas.
Errores y confusiones de los tomadores de decisiones:
Para lograr una seguridad ciudadana hay que fortalecer las “políticas de prevención policial” con la implementación del “Sistema Integral de Prevención Situacional”, pues el Sistema de Atención de Emergencia 9-1-1 es sumamente útil, pero no es preventivo de acciones criminales, sino simplemente reactivo.
Considero un error garrafal el desmantelamiento de las únicas unidades de reacción de la Policía Nacional, como la de Antimotines y Operaciones Especiales, cuya capacidad operacional fueron anuladas, teniendo que depender de las FF.AA. ante cualquier eventualidad que requiera el uso de tropas.
También existe una gran confusión en cuanto a la medición del “ÍNDICE DE CRIMINALIDAD” con la tasa de homicidios, pues no es lo mismo, y por tanto siguen perdidos con recetas mal aplicadas, exponiendo al Gobierno a cometer errores, ya que puede que haya bajado la “tasa de homicidios” como consecuencia de haber “eliminado” los homicidios producto de la violencia social de los producidos por la violencia delictiva, pero sigue aumentando el índice de criminalidad, que es la sumatoria de robos, asaltos, atracos, homicidios, secuestros, etc.
Como del mismo modo, se continúa con el constante error de enviar efectivos militares a patrullar las calles, tan solo para maquillar la percepción de inseguridad en los medios de comunicación, demostrando seguir confundidos entre el concepto de prevención y disuasión, ya que el patrullaje militar y policial NO son medidas preventivas.
Otra mayúscula tergiversación de las funciones policiales lo representa el caso del Ministerio de Obras Públicas, que dispone de una unidad militar tamaño brigada solapando funciones policiales, que junto a la nueva Ley Orgánica de la PN han reducido a la institución a simples “watchmen”, a pesar de poseer la institución un excelente director general en el mayor general Ney Bautista Almonte, quien evidentemente tiene las manos atadas.
Es un absurdo que los ministros de Interior y Policía para ser nombrados tengan el prerrequisito de pertenecer al “Comité Político” sin contar con ninguna capacidad ni experiencia mínimas para desempeñar tan complejas y delicadas funciones, y peor aún, se comenta que existe un “supraministerio” que suele imponerse al ministro del ramo, lo que provoca dualidad de mandos.
El culpar a los deportados por el aumento de la criminalidad es un desliz que nunca debió ocurrir, pues existen estudios donde se determinan que un mínimo porcentaje incidía en delitos. No obstante, en nuestra jefatura se creó una vigorosa unidad de vigilancia periódica a los deportados a nivel nacional, para saber qué estaban haciendo y dónde estaban.
Con estas apreciaciones, en base a la experiencia, sustento mi convencimiento de que el narcotráfico es el causante principal del crecimiento constante de la criminalidad, y enfocar el problema desde “ángulos ficticios” conlleva a la toma de decisiones NO cónsonas con la grave realidad de la criminalidad que nos afecta, por lo que llamamos la atención de nuestras autoridades al compartir las sabias palabras de Winston Churchill:
“Todos los hombres cometen errores, pero solamente los hombres sabios aprenden de sus errores”, con la intención de que no tengan más años de desaciertos.
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