La advertencia del titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Lidio Cadet, que enfrentará y llevará a funcionarios corruptos a la Justicia, provocó reacciones de instituciones de la sociedad civil y congresistas.Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), dijo que ojalá esos pronunciamientos, por parte de Lidio Cadet, no se queden
en simples promesas, sino que las cumpla a cabalidad, y que en los próximos días la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que a su juicio “es muy poco lo que viene haciendo en materia de persecución de la corrupción”, sea apoderada de las denuncias de la DIGEIG.
“Por lo general se hace este tipo de anuncio, pero al final de la jornada no hay ningún resultado. Esperamos que en esta oportunidad Lidio Cadet se interese, no solamente en prevenir la corrupción, sino que, como receptora de muchas denuncias vinculadas a funcionarios del Gobierno, sean investigados y sometidos al Ministerio Público”, expresó.
Sobre el tema también habló Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, quien expresó que el rol que puede jugar la Dirección General de Ética en materia de corrupción es importante.
Pero consideró que para lograr una mejor eficacia, debe de trabajar en coordinación con el Ministerio Público y los órganos de controles, tanto interno y externo, como la Cámara Cuentas y la Contraloría General de la República.
Sosa manifestó que el Ministerio Público tiene que ser dotado de equipos, “porque sabemos que la corrupción trabaja de una forma sofisticada y necesitamos que ellos puedan tener todo el apoyo necesario para hacer una buena investigación, que será el fundamento de una buena acusación”. Dijo además esperar que el Poder Legislativo fiscalice los recursos del Estado.
Gobierno combate la corrupción
En tanto que el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, señaló que el Gobierno ha actuado consecuente a su discurso de combatir la corrupción, “porque cada caso que de repente la opinión pública, o la oposición quiere manifestar, están judicializados”.
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