A partir de este primero de octubre entran en vigencia unas nuevas directrices migratorias en Estados Unidos que impactan a inmigrantes de muchos países, particularmente a miles de dominicanos en caso de peticiones de residencias que hagan dentro de ese territorio y en las cuales se considere que ha habido fraude, con matrimonios por negocio o documentaciones falsas.
También están las madres que van a dar a luz en Estados Unidos y podrían no ser admitidas sus residencias, o los que con visas de turistas inscriben a sus hijos en escuelas públicas en Estados Unidos, porque se convierten en carga pública, que es la normativa principal que entra en funcionamiento este lunes.
De igual forma estarían incluidos los que reciben cupones de alimentos, servicio médicos para personas de bajo recursos (Medicaid) y los subsidiados para programas de viviendas, también llamado (Sección 8) y la ayuda que se le da madre soltera.
¿Cómo se dan estos cambios y qué busca el Gobierno de Trump con ello?
El experto en asuntos migratorios, doctor Roque Leonel Rodríguez, al ofrecer estas informaciones, explica que el Servicio de Migración de Estados Unidos tiene el derecho de incluir otras medidas en la ley de migración que sean importantes para su mejor trabajo y desarrollo, sin que interfiera el Congreso de Estados Unidos.
“Eso se hace mediante una inscripción en lo que se llama el Federal Register o la gaceta oficial de EE.UU donde se publica una decisión de Estado tiene la misma función que una ley” puntualizó, al indicar que las medidas solo aplican a los que violen la ley a partir del primero de octubre, y aunque es una modificación a la ley vigente, no es retroactiva.
Destaca que de esa manera gobernó el presidente Barack Obama durante ocho años, porque no le aprobaron ninguna ley de migración y esas mismas atribuciones las está utilizando el presidente Trump con la asesoría del procurador general Jeff Sessions, “que es probablemente la persona que más sepa de migración en la administración de Trump.
Para el presidente de Estados Unidos la ley actual es un desastre porque está muy desorganizada y tiene muchas aperturas para que se viole la ley, dice Rodríguez, “entonces Trump ha estado incluyendo una serie de medidas como las que entran en vigencia en el día de hoy primero de octubre.
Los más perjudicados
Las personas que ingresan a territorio norteamericano con visa de no inmigrantes o de paseo y se casan para obtener su residencia, incurriendo en fraude, a partir de la fecha si en la entrevista con el oficial de Migración se determina el fraude, recibirán una citación de un juez para su deportación, en un proceso que antes iba a investigación y tardaba años, le mandan una citación para deportación al día siguiente, por haberle negado el caso, explica Rodríguez.
“Esto es totalmente radical, porque cuando a la persona se le negaba formalmente el caso, después tenía un tiempo esperando y se le daba la oportunidad de demostrar con documentos que su relación era verdadera y podría apelar, y si todos esos procesos eran negados era que le enviaban la orden de deportación en un plazo que podía durar hasta tres años, mientras que ahora una vez el caso es rechazado en la primera entrevista se le va a enviar de inmediato una orden para acudir a un juez par afines de deportación. Esa es una de las medidas y por eso yo las considero tan drásticas y le llamo el juicio final de la Migración”.
Destaca que definitivamente van a cerrar todas las puertas que quedaban abiertas y que permitía que la gente pudiera de alguna forma resolver sus asuntos legales de migración”.
Cuáles son las cargas económicas que impiden residencia para los parientes
También entró en vigencia una disposición del Gobierno americano para impedir a los inmigrantes la residencia permanente si se comprueba que se convirtiera en una “carga pública”.
Como ejemplo puso las madres solteras que no tienen suficiente dinero para la manutención de sus hijos y pagar la renta de las viviendas, por lo que solicitan ayuda al Gobierno y las reciben.
Esas personas para pedir a un familiar que vive en República Dominicana, como no ganaba dinero suficiente y estaba recibiendo beneficios públicos, busca a alguien que le sirva de garante dándole lo que se llama en ingles una Affidavit que en español significa declaración jurada, donde esa persona se compromete a prestarle soporte económico a inmigrante para que no sea una carga al Gobierno.
“Pues ahora, lo que hizo el Gobierno fue que dispuso que cualquier persona que haya recibido o esté recibiendo beneficios públicos para pago de apartamento, cupones de alimentos, beneficios de seguridad social, estando ilegal o no, o las mujeres que hayan ido a dar a luz a Estados Unidos representan una carga al Gobierno. A partir de ahora se le va a negar la residencia cuando pidan a un familiar y esto aplica para residentes que pidan a sus parientes, para ciudadanos que pidan a su parientes o para cualquier persona que sea pedida que se haya convertido en carga pública”.
Otra acción que incurren muchos dominicanos, según el experto, y que representa una carga es ir con visa de paseo e inscribir un niño en una escuela pública.
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