El Ministerio de Defensa intervino ayer varias compañías de seguridad privada en la capital, el este, el norte y el sur del país, en cuyas operaciones ocupó 118 armas de fuego ilegales, seis vehículos y apresó a 80 personas.
Los operativos fueron dirigidos por el Ministerio de Defensa a través de la Superintendencia de Seguridad Privada de dicha institución, y ejecutados en las compañías Guardianes Portorreal (Guaposa SRL) y Servicios de Seguridad RyP SRL, propiedad de Luis Portorreal.
La información la ofreció el general de brigada del Ejército Amílcar Fernández Tejada, director ejecutivo de la Superintendencia de Seguridad Privada, quien informó además, que las empresas tenían otra compañía para hacer operaciones financieras fraudulentas.
Explicó que esas operaciones ilícitas eran realizadas mediante un sistema para violar la regulación impositiva del país para evadir el pago de impuestos y un sistema de pago de explotación a los empleados contratados como guardianes.
Los allanamientos a las empresas de seguridad privada fueron realizados luego de una labor de inteligencia de siete meses con la participación de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional, el J-2, del Ministerio de Defensa, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía.
Fernández Tejada, dijo que se trató de la ejecución de una operación denominada “Rayo”, que se hizo a las empresas de seguridad por los diferentes organismos del Estado en varias locaciones del Distrito Nacional, Bávaro, Santiago, Barahona, Villa Altagracia y Pedro Brand.
Entre las armas incautadas se encuentran seis pistolas, 33 revólveres, 89 escopetas y seis vehículos.
Durante el allanamiento en Villa Altagracia, las autoridades apresaron al armero artesanal Víctor Santiago de la Rosa, propietario de los equipos especiales, máquinas y dados, para alterar la serie original de las armas y colocarles otra de un arma registrada legalmente que luego colocaban en distintos puntos del país.
“Detectamos que ese armero era una persona importante en la operación mafiosa de esa compañía porque era el responsable de borrar la numeración original y luego clonar la numeración de un arma con licencia registrada y de esta forma dar la apariencia de legalidad y así podían tener varias armas con la misma numeración en distintos puntos del país burlando la supervisión de las autoridades”, manifestó Fernández Tejada.
Luego de la labor de inteligencia, precisó que “logramos identificar una serie de irregularidades y anomalías que las compañías Guaposa y RyP habían estado cometiendo, completamente en violación a lo establecido por las normativas legales de la seguridad privada y el ordenamiento jurídico de nuestro país”, preciso Fernández.
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