La Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, ASODECU, rechazó la aprobación del proyecto de ley que establece un nuevo impuesto a las llamadas telefónicas, que se originan en el exterior y son recibidas en el país, para el sostenimiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, conocido como 9-1-1.
La entidad señaló que el gravamen de 0.02 dólares estadounidenses, que deberá ser pagado por las prestadoras de servicios de telecomunicaciones instaladas en el país, pero que estas se lo cargarían a los usuarios del sistema, se sumaría al ya elevadísimo cargo que cada mes se le carga consistente en un 18% de Impuesto a la Transferencia los Bienes Industrializados y Servicios, ITBIS, 10% de Impuesto Selectivo y el 2% para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, para totalizar 30% convirtiéndose en el más caro de la región.
El proyecto de ley que rechaza la organización que defiende los intereses de los consumidores y usuarios, procura obtener los fondos para poder ampliar la asistencia a todo el territorio nacional del sistema de emergencias 9-1-1, así como la instalación de cámaras de video en espacios públicos, también plantea un monto fijo de 0.025 dólares o su equivalente en moneda nacional por cada mensaje de texto internacional que termine en las redes de las prestadoras.
ASODECU, recordó que días atrás las empresas telefónicas manifestaron su rechazo al nuevo impuesto, ya que según estos, el gravamen viola acuerdos internacionales y conllevaría nuevas inversiones y gastos por parte de un sector que en la actualidad está sobrecargado con altos impuestos y obligaciones tributarias, como se desprende del comunicado firmado por las empresas telefónicas Claro, Tricom, Orange, Viva y Wind Telecom.
En el mismo las telefónicas resaltaron que han apoyado los esfuerzos del Estado Dominicano para el desarrollo del Sistema Nacional de Emergencias, SINAES, en el que han invertido desde el año 2012, la suma aproximada a RD$260 millones en instalaciones, sistemas y programas requeridos para la implementación de la plataforma del 9-1-1; al tiempo de reclamar el no haber sido incluidas en el proceso de discusión de los aspectos relacionados directamente con los servicios de telecomunicaciones.
ASODECU, sugirió a los congresistas que deben identificar otras fuentes, para financiar tan importante servicio que brinda el 9-1-1 a la ciudadanía, pudiendo ser por ejemplo las Administradoras de Riesgos de Salud, ARS, que bastantes ganancias obtienen de los usuarios, servicio que estará en capacidad de cubrir económicamente.
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