EE UU: El gobierno de Donald Trump envió este martes al Congreso su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018, por USD 4,1 billones, recortando con fuerza la asistencia social a los sectores de menores ingresos y los fondos para agencias estatales, y un incremento a los sectores de defensa y protección de
las fronteras.
Los recortes implican una considerable reestructuración del gobierno, que confía en un crecimiento económico durante los próximos años para lograr eliminar el déficit fiscal en una década, estimado en 3,1% del PBI para el 2017. La propuesta es más una declaración de prioridades políticas que un documento económico, ya que debe aprobarlo el Congreso.
El plan, titulado titulado “Unos nuevos cimientos para la grandeza de EEUU”, incluye recortes considerados políticamente riesgosos, como al Medicaid (el programa estatal/federal de asistencia médica para los pobres y discapacitados) los créditos a universitarios, los cupones para alimentos y las prestaciones para los jubilados federales, lo que podría indicar que el presupuesto de Trump no avanzará demasiado en el Congreso, aun si los republicanos controlan la Cámara de Representantes y el Senado.
En cuanto a EPA, la agencia estatal encargada del cuidado medioambiental, sus fondos disminuirán a USD 5.700 millones, un 31% menos que el presupuesto actual, conformando la menor cifra (ajustada por inflación) desde la década de 1970.
“Yo creo que es prerrogativa del Congreso tomar esas decisiones en consulta con el presidente”, dijo el senador republicano John Cornyn, quien pronosticó que el Senado rechazará los recortes al Medicaid. “Sin embargo, casi todas las propuestas presupuestarias de los presidentes que he conocido básicamente están muertas a su llegada”.
El plan prevé recortes por casi USD 3.600 millones a numerosos programas asistenciales y agencias internas en la próxima década. La iniciativa parte de la base de que los republicanos revocarán y reemplazarán la ley de salud del presidente Barack Obama, conocida como Obamacare, al tiempo que reduce los recursos al Medicaid, elimina los subsidios a los créditos para estudiantes, restringe los cupones para alimentos y recorta USD 95.000 millones al programa de fondos para carreteras a los estados.
El presupuesto -que se presentó hoy, debe ser aprobado por el Congreso y podría sufrir cambios- concede 37.600 millones de dólares al Departamento de Estado, de los cuales 1.093 millones van a parar a las operaciones en el continente americano y el Caribe, un descenso de 614 millones respecto al año fiscal 2016
El desglose país por país de ese presupuesto para el año fiscal 2018 muestra recortes en todas las naciones de la región, y elimina las partidas dedicadas a Cuba, que en el año fiscal 2016 recibió 20 millones de dólares; y a Venezuela, que ese año obtuvo 6,5 millones de dólares y esta vez no tiene fondos específicos.
No obstante, a los fondos para cada país deben sumarse las cantidades dedicadas a los programas de seguridad, democracia, lucha contra el narcotráfico u inmigración, que tienen cuentas conjuntas para todo el continente y reparten fondos según se juzgue necesario.
De salir adelante este presupuesto, México recibiría 87,7 millones de dólares, un recorte del 45,3 % con respecto al año fiscal 2016, cuando obtuvo 160,1 millones de dólares (72,4 millones más).
El recorte a Centroamérica es también sustancial, y reduce la ayuda al desarrollo y al fortalecimiento institucional que había potenciado el anterior Gobierno de Barack Obama.
Guatemala obtendría 80,7 millones de dólares, frente a los 131,2 millones que recibió en el año fiscal 2016; Honduras se quedaría con 67,8 millones (frente a los 98,2 de 2016), y El Salvador con 46,3 millones (frente a los 67,9 anteriores).
Nicaragua recibiría 200.000 dólares (frente a los 10 millones del año fiscal 2016), Costa Rica obtendría 400.000 dólares (frente a los 1,8 millones del año fiscal 2016), Panamá lograría 1,2 millones (frente a los 3,3 millones anteriores).
Colombia, por su parte, recibiría 251,4 millones de dólares, una cantidad no demasiado inferior a los 299,4 millones que obtuvo en el año fiscal 2016 pero sí notablemente menor a los fondos aprobados por el Congreso para el periodo 2017, un total de 391 millones de dólares contemplados en el plan “Paz Colombia” para el posconflicto.
Sin embargo, es posible que haya más fondos para Colombia en las partidas dedicadas a operaciones regionales en todo el continente (300 millones de dólares), temas de narcotráfico y seguridad (167 millones), o ayuda humanitaria y promoción de la democracia.
A Perú llegarían 49,6 millones de dólares (frente a los 74,9 del año fiscal 2016); mientras que Chile recibiría 500.000 dólares (frente a los 670.000 dólares anteriores); Argentina tendría 500.000 dólares, Uruguay obtendría 400.000, la misma cantidad que Paraguay; y Brasil recibiría 815.000 dólares (frente a los 12,8 millones de 2016).
La propuesta también elimina los fondos específicos para Ecuador, que en 2016 recibió 2 millones de dólares; y concede 10,5 millones de dólares a la República Dominicana (frente a los 21,6 de 2016) y 157,4 millones de dólares a Haití (frente a los 190,7 millones de 2016).
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