En los primeros cuatro meses del 2017, el Gobierno del presidente Danilo Medina ha tenido que lidiar con los ataques del Movimiento Verde que persigue el “fin de la impunidad” que afirma hay en el país sin que hasta ahora ninguna estrategia haya sido efectiva para detener su crecimiento.
Son 120 días en los que el Gobierno ha asumido distintas estrategias para
enfrentar la agresividad de los gestores del movimiento social. Ahora pasó al ataque a juzgar por lo ocurrido la pasada semana luego que un grupo de funcionarios encabezados por Carlos Amarante Baret y Andrés Navarro, salió a acusar a los verdes de intento de desestabilizar al país y de tener un interés político oculto.
enfrentar la agresividad de los gestores del movimiento social. Ahora pasó al ataque a juzgar por lo ocurrido la pasada semana luego que un grupo de funcionarios encabezados por Carlos Amarante Baret y Andrés Navarro, salió a acusar a los verdes de intento de desestabilizar al país y de tener un interés político oculto.
El balance de esa estrategia del Gobierno no fue tan positivo en sus inicios por las críticas que generó la declaración del ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, de que el Gobierno espía a los integrantes del movimiento, aunque luego dijo que desde el Estado se respeta la privacidad de las personas.
El ministro de Educación, Andrés Navarro, no es una figura política vinculada a las confrontaciones, pero la pasada semana salió en defensa del Gobierno del presidente Medina y dijo que durante años trabajó de cerca con los grupos sociales y que esa experiencia le dice que el movimiento verde está siendo utilizado para fines políticos.
“Con una larga trayectoria en distintas organizaciones de base de la sociedad civil, y me estoy dando cuenta del daño que se le está haciendo a ese capital social cuyo desarrollo es tan importante para el país”, declaró Navarro. Otros funcionarios del Gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que la pasada semana salieron a defender el Gobierno y politizar la marcha verde fueron Rubén Bichara y Lidio Cadet.
Esas acciones evidencian un cambio en la estrategia del Gobierno ante el Movimiento Verde. Originalmente, el Gobierno desde el propio Palacio Nacional con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo y el administrativo, José Ramón Peralta, a la cabeza, expresaron su apoyo al movimiento con la etiqueta en la red social twitter #TodosQueremosJusticia a propósito de la primera manifestación del pasado 22 de enero en la capital.
“Que los dominicanos que ejercieron su derecho democrático sepan que #TodosQueremosJusticia. Solo juntos lograremos que el país avance”, dijo Peralta y agregó que cuando “el pueblo habla, el Gobierno escucha”.
De hecho, el propio presidente Danilo Medina valoró el movimiento en su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero pasado ante la Asamblea Nacional. También la vicepresidenta de la República en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter emitió un mensaje que tenía un fondo verde y su contenido tenía afinidad con la del movimiento.
“Me satisface ver una ciudadanía empoderada que busca que todos actuemos bajo las mismas reglas y normas”, dice un fragmento de lo expresado por la esposa del presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Para la marcha del 26 de marzo en Santiago, el Gobierno se apoyó en el silencio como estrategia, e incluso quiso competir en Twitter con el movimiento con la visita sorpresa que hizo ese día el presidente Danilo Medina.
De hecho, en esa ocasión algunos voceros del movimiento acusaron al Gobierno de contratar expertos en redes para desacreditarlos. Una de las críticas de los influenciadores del Gobierno en las redes es que el movimiento “no tiene cabeza”, a lo que los verdes contestaron diciendo que la “cabeza es el pueblo”.
Luego de la marcha del domingo 23 en San Francisco donde el manifiesto leído por un sacerdote establece: “Advertimos al Gobierno, al PLD y a los sectores de poder que de mantener el actual régimen de impunidad, que el desconocimiento de reclamo pacífico de justicia, levantado por la ciudadanía a través de las movilizaciones verdes podría convertirse en rebeldía y dirigir hacia los corruptos y sus aliados la peor catástrofe jamás pensada”.
Esas declaraciones fueron interpretadas por el Gobierno como una intención de desestabilizar el país y ha sido la excusa para el cambio en la estrategia hacia una confrontación abierta.
La actitud del Gobierno ha provocado distintas reacciones de rechazo de los gestores del movimiento Movimiento convoca más marchas
Carlos Pimentel, miembro de Participación Ciudadana, anunció que para el 21 de mayo habrá una marcha en Azua para toda la región sur y que en junio harán otra en San Pedro de Macorís para todo el este.
Una de las críticas del movimiento al Gobierno es que no ha sometido a nadie en el caso Odebrecht.
Abinader salió en defensa de los verdes
Una de las acusaciones del Gobierno contra el movimiento verde es que supuestamente tiene “intereses políticos ocultos” y que dirigentes políticos quieren utilizarlo para sacar provecho de las intenciones genuinas de la ciudadanía. La pasada semana, una de las voces que se levantó con más fuerza contra el Gobierno por acusar al movimiento de desestabilizador fue la de Luis Abinader.
El dirigente del PRM y excandidato presidencial de la organización en las pasadas elecciones declaró que “si ese movimiento es desestabilizador, yo soy un desestabilizador”. También dijo que el Gobierno en lugar de arremeter contra el movimiento lo que debe hacer es dar respuesta a sus demandas.
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