NUEVA YORK._ La Federación Dominicana de Asociaciones de Carga Marítima y Aérea (FEDACAMA), con sede en Estados Unidos, negó ayer en un comunicado que sus empresas afiliadas, se estén prestando a enviar drogas, especialmente Cannabis (marihuana), en las cajas y tanques que se despachan a la República Dominicana.
El comunicado de los embarcadores dominicanos que operan en diferentes estados, entre estos, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, DC y la República Dominicana, hace referencia a una nota publicada en el Listín Diario el 27 de junio, en la que se alega que las embarcadoras estarían involucradas en ese tráfico ilícito, como parte de una nueva modalidad a través de shippings y mudanceras.
“La federación se identifica con la Dirección General de Aduanas para velar y procesar bajo la ley a los responsables de estos nuevos mecanismos de envíos ilícitos a través de los puertos de entrada de carga marítima y aérea en el país”, dice FEDACAMA en el comunicado.
Acuerdos con Aduanas en República Dominicana
“La federación se une en corroboración con las autoridades para velar y mejorar los nuevos mecanismos de logísticas de verificación para el mejoramiento de los procesos aduanales desde los puertos de los Estados Unidos, estos acuerdos realizados y en vías de a ser desarrollados después de la pasada visita de la comisión de la federación al país”, añade la declaración.
El comunicado expresa que la federación se siente altamente confiada con la Dirección General de Aduanas donde se han alcanzado nuevos renglones de entendimientos y colaboración para organizar, sanear y mejorar el tratamiento de verificación aduanal experimentado por las empresas de carga marítima que sustentan el servicio de carga humanitaria hacia la República Dominicana y que mantienen una alta tasa de ayuda al fisco nacional a través de cajas, tanques, mudanzas y efectos personales que familiares envían a sus familias”, explica FEDACAMA.
Añade que dentro de los planes de estrategia gremial en los Estados Unidos la federación desarrollará un mejor proceso de intermediación con las empresas embarcadoras y consolidadoras, donde los ilícitos sean manejados con jurisprudencia dentro del gremio y judicialmente con todo el peso de la ley de los Estados Unidos
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