El pasado 9 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano dio a conocer la Resolución 006-2019, donde se estableció un inesperado requisito obligatorio a los ciudadanos venezolanos de tener “visa de turismo” para poder ingresar a nuestro territorio, disposición que entró en vigor el día 16 del mismo mes. Solo estarán exentos de este requisito los que sean titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o quienes ostenten visa británica, norteamericana, schengen y canadiense.
La inmigración venezolana comenzó a generarse durante los últimos años del presidente Hugo Chávez, y de manera significativa durante los gobiernos de Nicolás Maduro. Inicialmente los venezolanos de la clase media alta y acaudaladas emigraron durante el gobierno de Chávez, y luego, la clase media baja y los pobres, comenzaron a emigrar a medida que la situación económica empeoraba en ese país.
Sin entrar en cuestionamiento del proceso de la “revolución bolivariana”, académicos y entendidos han señalado que debido a la crisis económica que enfrenta ese país, tan solo en el 2015 se estimó que aproximadamente 1.8 millones de venezolanos habían emigrado a otros países, catalogada por la ACNUR, como el éxodo más grande del hemisferio occidental en los últimos 50 años.
Según datos de la Agencia para Refugiados de la ONU (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de venezolanos que han abandonado su país alcanzó los 4 millones para junio del 2019 -aproximadamente el 13% de su población- de los cuales Colombia acogió 1.3 millones, seguido de Perú, Chile, Ecuador, Argentina, y en el Caribe, República Dominicana.
Desde el 2018, seis países de América del Sur -Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Paraguay- establecieron regulaciones para controlar o facilitar el ingreso de inmigrantes venezolanos a sus territorios. Colombia fue el primero en exigir pasaporte como requisito para entrar, medidas replicadas por Perú, Chile y Ecuador, quienes además otorgaron “visas humanitarias” y aceptaron los pasaportes vencidos, basados en la “Declaración de Quito sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos”, acuerdo firmado el 4 de septiembre de 2018.
Veamos cuáles medidas asumieron estos países para permitir el acceso de los venezolanos a sus territorios:
Colombia. El presidente Juan Manuel Santos, anunció nuevos controles migratorios en las fronteras con Venezuela, donde se les permitía ingresar mostrando su pasaporte o tarjeta migratoria, para asentarlo en un Registro de Inmigrantes Venezolanos con la finalidad de otorgarles un “estatus migratorio temporal” y garantizarles acceso a los servicios básicos y trabajo legal.
Perú. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, implementó el “Permiso Temporal de Permanencia”, y el actual presidente Martín Vizcarra, eliminó este beneficio para quienes llegaron después de octubre de 2018, y comenzó a exigirles pasaporte a los venezolanos, estableciendo que la política migratoria de apertura respetaba los derechos humanos, pero a la vez tenía un “enfoque de seguridad” para garantizar una inmigración ordenada, informada y segura.
Chile. Para entrar a territorio chileno es necesario tener una “visa de turista”, que otorga permiso de permanencia por 90 días, con un valor de 50 dólares americanos.
Ecuador. El presidente Lenín Moreno, propuso implementar una “visa humanitaria” para los migrantes venezolanos, cuando complete su salida de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Sobre la exigencia del pasaporte -vigente o no- ha cambiado varias veces su postura e incluso abrió un corredor humanitario hacia otros países de Sudamérica.
Argentina. El gobierno creó el “Programa de Asistencia a Migrantes Venezolanos” por su política en relación a la permanencia de los mismos en el país, ya que Venezuela no está adherida al Acuerdo de Residencia para Nacionales del Mercosur, cuyos mecanismos conceden a los ciudadanos del bloque el derecho a obtener la residencia legal en el territorio de otros Estados Parte.
Paraguay. El presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, anunció vía twitter que los pasaportes vencidos de ciudadanos venezolanos tendrían validez en territorio paraguayo. No ofreció más detalles sobre esta decisión.
Vistas las diferentes soluciones otorgadas al mismo problema, lo primero que debemos hacer es reconocer que históricamente la República Dominicana tiene una especie de “deuda moral” de gratitud con los venezolanos, y por demás recordar que nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, vivió, trabajó y murió en ese país. Una Venezuela, que durante muchísimos años sus diferentes gobiernos fueron generosos con nosotros en el plano económico, político y social.
Además, los dominicanos debemos recordar, cuando miles de nuestros compatriotas huyeron durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, el Triunvirato y el gobierno del Dr. Balaguer, en condiciones de exiliados políticos o simples inmigrantes, siempre encontraron los brazos solidarios de los venezolanos, quienes nos facilitaron la oportunidad de vivir y trabajar dignamente, haciendo de esa gran nación nuestra segunda patria.
Hoy, los venezolanos atraviesan una difícil situación social, económica y política, que los empuja a optar como única opción la salida de su país, y en nuestro caso, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en el 2010 había 5,132 venezolanos residiendo en el país, cifra que se quintuplicó en el 2017 a 25,872.
Por su parte, el presidente del “Movimiento de Venezolanos Viviendo en República Dominicana” (MOVERD), José Alberto Pérez, afirma que unos 30,000 compatriotas están viviendo en el país, donde el 97% vive en condición ilegal, porque se les venció el plazo de permanencia otorgado.
Nunca hemos estado opuestos a las inmigraciones, siempre y cuando las mismas estén controladas y reguladas por el Estado.
Los dominicanos siempre nos hemos caracterizado por ser un pueblo solidario, sin reservas, como aún lo hacemos con los haitianos, quienes llegan sin control de manera ilegal y sin documentación. ¿Entonces, por qué no serlo también con los venezolanos? A sabiendas de que existe diferencia entre ellos y los venezolanos debido a la distancia y el mar Caribe que nos separa, los cuales en principio ingresan al país de manera legal y con documentación, situación que el gobierno dominicano dispone para un mejor control migratorio.
Esta realidad imperante que vive la pequeña diáspora venezolana, creo que es tiempo de que el gobierno les facilite una “visa humanitaria o temporal”, como lo hicieron los países sudamericanos, con la finalidad de que puedan trabajar legalmente, tener acceso a los servicios básicos de salud y educativos que tenemos los dominicanos.
Sin temor a equivocarme, les puedo asegurar que los venezolanos que viven en nuestro país ansían regularizar su estatus como ciudadanos formales que, si sopesamos los problemas de inseguridad, carencia de alimentos, medicinas y servicios de salud, y la crisis política de su país, pueden ser calificados como personas para recibir la condición de “refugiados”, como lo establece el estatuto de la Convención de Ginebra sobre esa materia.
Ante esta penosa situación, creemos atendible, pertinente y justa la siguiente petición, que en cierta forma equivaldría a una especie de retribución y nuestra gratitud a los hijos de Bolívar, proceso que estaría en consonancia al gesto de solidaridad de otras naciones para con los venezolanos. Hecho que pudiese materializarse si el gobierno dominicano, sopesará la realización de un plan de regularización para inmigrantes venezolanos o de facilitarles un “permiso temporal” de un año, renovable.
Hoy, les corresponde a los hijos de Duarte, actuar con gratitud ayudando y acogiendo a los hermanos venezolanos, como lo hacemos con otros ciudadanos extranjeros, y de manera especial con el pueblo haitiano.
El autor es miembro fundador del Círculo Delta
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